Hoy voy a tratar de investigar, es decir, hurgar en los vestigios con que contamos, escudriñar en los libros a mi alcance y en las ideas que al respecto hemos planteado, respecto al origen, evolución y perspectivas del Derecho Social, como un derecho que ha adquirido categoría de ciencia, metodológicamente hablando, pues cuenta con todos los elementos necesarios para manejarse de manera distinta de las otras dos grandes ramas del derecho: el público y el privado.
Efectivamente, Ulpiano dividió el derecho en público y privado, para referirse por cuanto hace al primero, de aquél en que interviene el estado en su carácter de Estado y el segundo, a las relaciones jurídicas entre particulares.
Cierto, en nuestra tradición jurídica romanística, aparece el derecho canónico, referido como aquél en que se maneja lo relativo a la Iglesia Católica, pero si bien incide en la gran mayoría de los hechos del hombre, también es cierto que su función estaba dirigida básicamente a la cuestión religiosa y por tanto, ajena al quehacer de la mayoría de la población.
Frente a esa dicotomía jurídica, ya caduca y obsoleta, Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante[1], nacido el 23 de junio de 1818 en San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, en la República Mexicana, propuso la creación de un nuevo derecho que se opusiera a los que tradicionalmente se habían manejado, es decir, el derecho público y el privado, precisamente para proteger a los débiles y a los trabajadores, ampliándolo además, a hijos abandonados, mujeres, huérfanos, al proletariado que requiere de tutela, a los campesinos que sufren con el problema de la tierra, en suma, a quienes teniendo un lugar en la sociedad, carecen de los medios necesarios para su propia defensa.
Las ideas del Nigromante se dieron en su cátedra parlamentaria, como diputado por el Estado de Sinaloa a contar del año 1852, habiendo logrado participar además, en la creación de las llamadas Leyes de Reforma en México, lo que pone en evidencia lo preclaro de su inteligencia.
En aquél entonces, el Derecho Social lo integraban el Derecho Familiar, para proteger hijos menores abandonados, huérfanos y viudas; el Derecho del Trabajo, para salvaguardar a los trabajadores y el Derecho Agrario, encargado de velar por los campesinos.
Al paso de los años, sólo algunos grandes pensadores han tratado de elevar de categoría al derecho social, entre ellos, el Maestro Alberto Trueba-Urbina, que en su obra Derecho Social Mexicano establece lo siguiente: El Derecho Social es Justicia Social que protege, tutela y reivindica a los que viven de su trabajo y a los económicamente débiles, mediante el cambio de las estructuras económicas y políticas. [2]
Los postulados del Nigromante se recogieron en la Constitución Mexicana de 1917 y posteriormente, en el Tratado de Versalles de 1919, por lo que con evidente rigor científico podemos asegurar que el término y los alcances de la expresión Derecho Social es mexicano por derecho propio, lo que viene a ser otra más de las aportaciones jurídicas de México al mundo.
Al tiempo, el derecho familiar reconoció lo que argüía El Nigromante y por ende, dejó de pertenecer al Derecho Social, pero se vio enriquecido con lo relativo a la Seguridad Social, la que debemos recordar nació hasta las leyes que al respecto dictara el Canciller Otto Von Bismarck a partir de 1883.
Ergo, las ramas que conforman al Derecho Social son: El Derecho del Trabajo; el Derecho de la Seguridad Social; y, el Derecho Agrario.
Ha habido quien pretende que el derecho ecológico, el derecho electoral y algunos otros tomen parte de esta disciplina, pero no lo estimamos procedente.
Lo que sí debe incorporarse como Derecho Social lo es lo relativo a la cuestión migratoria de personas que buscan hacer la vida, no de aquellos que se acogen a los términos del derecho internacional vigente, mediante los pasaportes y demás papelería legal, mas bien de aquellos maltratados por los hechos de la vida, que carecen en su patria de lo necesario para subsistir.
A esos, a los migrantes que carecen de lo elemental en su país de origen y en aquél que los recibe de manera forzada, el Derecho Social debe protegerlos. Hemos venido tratando de hacer valer una propuesta que es constitucionalmente posible, jurídicamente sin trabas y tecnológicamente aplicable, que permite brindar seguridad social a la totalidad de la población de un país y por qué no, del mundo entero.
Lo expuesto nos permite afirmar que el Derecho Social está vigente, es derecho positivo, finca sus raíces en el Derecho Natural, constituye una urgente necesidad a los gobiernos, principalmente a los de los países en vías de desarrollo, término eufemístico que ahora se usa para no llamarlos países del Tercer Mundo o subdesarrollados, a los que desafortunadamente pertenecen la mayoría de los que forman nuestra América Latina, tan castigada por los caciques.
Me gustaría también citar a esa gran personalidad que es Mafalda y su filosofía de la vida. En una de las tiras elaboradas por Joaquín Lavado, Quino, aparecen Mafalda y Susanita, diciendo ésta última: -Cuando crezca, quiero ser parte de la sociedad. Mafalda replica: -La sociedad somos todos-. Susanita, para los que la conocemos, sabemos que no habría de permanecer callada y dijo: A la sociedad con apellido- Apellido tenemos todos, aseveró Mafalda. Ya molesta y casi atrapada, Susanita espetó: A la sociedad con apellido que tiene el chirrión por el palito… A ver, dime que todos tenemos el chirrión por el palito, le dijo a Mafalda, la que debió permanecer callada, pues esa afirmación no tiene respuesta.
Ni tiene, ni debería haber sido afirmación válida nunca, pues se aparta de un recto proceder de los países del mundo, lo que debería llenarlos de vergüenza y oprobio.
Cada hermano nuestro pobre constituye una afrenta en los que de alguna manera, tenemos voz para expresar las quejas de los que no tienen ni derechos, ni apellido ni el chirrión por el palito.
Por favor, ayude Usted a hacer germinar en mentes frescas, el Derecho Social.
Todo aquél que pertenece a un país, por el sólo hecho de ser un ser humano, debe tener acceso a ciertos satisfactores, entre ellos, a los que tutela el Derecho Social.
Si queremos un mundo globalizado que trate a sus moradores como personas, como seres humanos, debemos pugnar por que se respeten sus derechos humanos. Menos que eso, implica seguir ofendiendo a la gente y por consecuencia, quiere decir que habrán de seguirse fraguando los movimientos sociales que muchas veces sólo requieren de un líder para detonar.
Los líderes que se necesitan, ya están preparándose, tanto en la propia vida como en nuestras universidades. Y van de prisa, como lo exigen los tiempos actuales. No se vislumbra demora alguna que refrene la realidad.
Lo que se ve a la distancia, en el futuro, es un Derecho Social fuerte, vigoroso, con gobiernos comprometidos, con partidos políticos que velen por los intereses de la propia sociedad, con sindicatos con conciencia de clase, de gremio, palabra que ha mutado su sentido original por el de asociación de obreros con fines comunes, ya no sólo unión de artesanos, como lo fue hasta antes de la Revolución Industrial, con una sociedad dispuesta a asumir su compromiso, vamos, con una población imbuida de su propio valer y por tanto, dispuesta a defender sus derechos.
Ojalá logre interesarlo. Siempre trataré de estar dispuesto a atenderlo.
Vale la pena.
Me gustaría conocer su opinión.
José Manuel Gómez Porchini.
Mexicano; Maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la U.A.T.; Socio del Colegio de Abogados de Monterrey, A.C.; Miembro de Número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social; Catedrático de posgrado en las Universidades Autónomas de Tamaulipas y Guerrero y en la Universidad del Valle de México. A nivel profesional en la Universidad Metropolitana de Monterrey y en el Campus Cumbres de la Universidad Valle de México.
Comentarios: jmgomezporchini@gmail.com
[1] http://www.congresosinaloa.gob.mx/murodehonor2/igancio_ramirez.htm
[2] TRUEBA-URBINA ALBERTO. derecho Social Mexicano. Editorial Porrúa. México 1978. pág. XIX, 105 y demás.
Efectivamente, Ulpiano dividió el derecho en público y privado, para referirse por cuanto hace al primero, de aquél en que interviene el estado en su carácter de Estado y el segundo, a las relaciones jurídicas entre particulares.
Cierto, en nuestra tradición jurídica romanística, aparece el derecho canónico, referido como aquél en que se maneja lo relativo a la Iglesia Católica, pero si bien incide en la gran mayoría de los hechos del hombre, también es cierto que su función estaba dirigida básicamente a la cuestión religiosa y por tanto, ajena al quehacer de la mayoría de la población.
Frente a esa dicotomía jurídica, ya caduca y obsoleta, Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante[1], nacido el 23 de junio de 1818 en San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, en la República Mexicana, propuso la creación de un nuevo derecho que se opusiera a los que tradicionalmente se habían manejado, es decir, el derecho público y el privado, precisamente para proteger a los débiles y a los trabajadores, ampliándolo además, a hijos abandonados, mujeres, huérfanos, al proletariado que requiere de tutela, a los campesinos que sufren con el problema de la tierra, en suma, a quienes teniendo un lugar en la sociedad, carecen de los medios necesarios para su propia defensa.
Las ideas del Nigromante se dieron en su cátedra parlamentaria, como diputado por el Estado de Sinaloa a contar del año 1852, habiendo logrado participar además, en la creación de las llamadas Leyes de Reforma en México, lo que pone en evidencia lo preclaro de su inteligencia.
En aquél entonces, el Derecho Social lo integraban el Derecho Familiar, para proteger hijos menores abandonados, huérfanos y viudas; el Derecho del Trabajo, para salvaguardar a los trabajadores y el Derecho Agrario, encargado de velar por los campesinos.
Al paso de los años, sólo algunos grandes pensadores han tratado de elevar de categoría al derecho social, entre ellos, el Maestro Alberto Trueba-Urbina, que en su obra Derecho Social Mexicano establece lo siguiente: El Derecho Social es Justicia Social que protege, tutela y reivindica a los que viven de su trabajo y a los económicamente débiles, mediante el cambio de las estructuras económicas y políticas. [2]
Los postulados del Nigromante se recogieron en la Constitución Mexicana de 1917 y posteriormente, en el Tratado de Versalles de 1919, por lo que con evidente rigor científico podemos asegurar que el término y los alcances de la expresión Derecho Social es mexicano por derecho propio, lo que viene a ser otra más de las aportaciones jurídicas de México al mundo.
Al tiempo, el derecho familiar reconoció lo que argüía El Nigromante y por ende, dejó de pertenecer al Derecho Social, pero se vio enriquecido con lo relativo a la Seguridad Social, la que debemos recordar nació hasta las leyes que al respecto dictara el Canciller Otto Von Bismarck a partir de 1883.
Ergo, las ramas que conforman al Derecho Social son: El Derecho del Trabajo; el Derecho de la Seguridad Social; y, el Derecho Agrario.
Ha habido quien pretende que el derecho ecológico, el derecho electoral y algunos otros tomen parte de esta disciplina, pero no lo estimamos procedente.
Lo que sí debe incorporarse como Derecho Social lo es lo relativo a la cuestión migratoria de personas que buscan hacer la vida, no de aquellos que se acogen a los términos del derecho internacional vigente, mediante los pasaportes y demás papelería legal, mas bien de aquellos maltratados por los hechos de la vida, que carecen en su patria de lo necesario para subsistir.
A esos, a los migrantes que carecen de lo elemental en su país de origen y en aquél que los recibe de manera forzada, el Derecho Social debe protegerlos. Hemos venido tratando de hacer valer una propuesta que es constitucionalmente posible, jurídicamente sin trabas y tecnológicamente aplicable, que permite brindar seguridad social a la totalidad de la población de un país y por qué no, del mundo entero.
Lo expuesto nos permite afirmar que el Derecho Social está vigente, es derecho positivo, finca sus raíces en el Derecho Natural, constituye una urgente necesidad a los gobiernos, principalmente a los de los países en vías de desarrollo, término eufemístico que ahora se usa para no llamarlos países del Tercer Mundo o subdesarrollados, a los que desafortunadamente pertenecen la mayoría de los que forman nuestra América Latina, tan castigada por los caciques.
Me gustaría también citar a esa gran personalidad que es Mafalda y su filosofía de la vida. En una de las tiras elaboradas por Joaquín Lavado, Quino, aparecen Mafalda y Susanita, diciendo ésta última: -Cuando crezca, quiero ser parte de la sociedad. Mafalda replica: -La sociedad somos todos-. Susanita, para los que la conocemos, sabemos que no habría de permanecer callada y dijo: A la sociedad con apellido- Apellido tenemos todos, aseveró Mafalda. Ya molesta y casi atrapada, Susanita espetó: A la sociedad con apellido que tiene el chirrión por el palito… A ver, dime que todos tenemos el chirrión por el palito, le dijo a Mafalda, la que debió permanecer callada, pues esa afirmación no tiene respuesta.
Ni tiene, ni debería haber sido afirmación válida nunca, pues se aparta de un recto proceder de los países del mundo, lo que debería llenarlos de vergüenza y oprobio.
Cada hermano nuestro pobre constituye una afrenta en los que de alguna manera, tenemos voz para expresar las quejas de los que no tienen ni derechos, ni apellido ni el chirrión por el palito.
Por favor, ayude Usted a hacer germinar en mentes frescas, el Derecho Social.
Todo aquél que pertenece a un país, por el sólo hecho de ser un ser humano, debe tener acceso a ciertos satisfactores, entre ellos, a los que tutela el Derecho Social.
Si queremos un mundo globalizado que trate a sus moradores como personas, como seres humanos, debemos pugnar por que se respeten sus derechos humanos. Menos que eso, implica seguir ofendiendo a la gente y por consecuencia, quiere decir que habrán de seguirse fraguando los movimientos sociales que muchas veces sólo requieren de un líder para detonar.
Los líderes que se necesitan, ya están preparándose, tanto en la propia vida como en nuestras universidades. Y van de prisa, como lo exigen los tiempos actuales. No se vislumbra demora alguna que refrene la realidad.
Lo que se ve a la distancia, en el futuro, es un Derecho Social fuerte, vigoroso, con gobiernos comprometidos, con partidos políticos que velen por los intereses de la propia sociedad, con sindicatos con conciencia de clase, de gremio, palabra que ha mutado su sentido original por el de asociación de obreros con fines comunes, ya no sólo unión de artesanos, como lo fue hasta antes de la Revolución Industrial, con una sociedad dispuesta a asumir su compromiso, vamos, con una población imbuida de su propio valer y por tanto, dispuesta a defender sus derechos.
Ojalá logre interesarlo. Siempre trataré de estar dispuesto a atenderlo.
Vale la pena.
Me gustaría conocer su opinión.
José Manuel Gómez Porchini.
Mexicano; Maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la U.A.T.; Socio del Colegio de Abogados de Monterrey, A.C.; Miembro de Número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social; Catedrático de posgrado en las Universidades Autónomas de Tamaulipas y Guerrero y en la Universidad del Valle de México. A nivel profesional en la Universidad Metropolitana de Monterrey y en el Campus Cumbres de la Universidad Valle de México.
Comentarios: jmgomezporchini@gmail.com
[1] http://www.congresosinaloa.gob.mx/murodehonor2/igancio_ramirez.htm
[2] TRUEBA-URBINA ALBERTO. derecho Social Mexicano. Editorial Porrúa. México 1978. pág. XIX, 105 y demás.
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