martes, 23 de abril de 2019

Derecho Laboral 4.0



José Manuel Gómez Porchini / México debe salir adelante


En el devenir histórico, el derecho laboral inicia en los últimos dos o tres siglos, cuando otras áreas del derecho tienen antecedentes de más de dos mil años. En efecto, el Derecho Romano, aquel que se manejó en la antigua Roma, ha servido de base y fundamento para la inmensa mayoría de las teorías jurídicas de la actualidad, habiendo dado nombre a las acciones, las excepciones, las figuras jurídicas y gran parte del saber que tiene relación con el derecho actual. 

Sin embargo, la materia laboral prácticamente no existía. Desde siempre, el ser humano fue considerado botín de guerra, esclavo, siervo, colono o con algunos otros nombres pero siempre sin derecho a dignidad, a reconocimiento a su valía como persona y mucho menos, con derecho a condiciones de vida aceptables. 

Empero, el tiempo y los avances culturales, fueron logrando ese despertar del obrero que permitió que el campesino, el hombre rural, que tenía todo al alcance de la mano en el campo pero que carecía de la seguridad en la tenencia de la tierra, pues nunca fue dueño de nada, mutara su vida a las ciudades a buscar trabajar en las incipientes fábricas que fueron impulsadas por lo que se ha llamado la Revolución Industrial, que tiene su origen en la Spinning Jenny y las máquinas de vapor, que es lo que ahora los estudiosos han dado en llamar Industria 1.0 y por lo que a nosotros nos interesa, sería el Derecho Laboral 1.0 que comienza a brindar los primeros derechos a los trabajadores de las fábricas. 

Al tiempo, la Segunda Revolución Industrial o Derecho Laboral 2.0 se da cuando surge la línea de producción, el método diseñado por Henry Ford para tener producción en masa, mucho más eficiente que el trabajo artesanal. Obvio, los obreros ya comienzan a darse cuenta del valor que tienen. 

Al paso de los años aparecen las TIC´s o Tecnologías de la Información y la Comunicación, que produjeron un gran cambio en la forma de hacer la vida y que hace un momento, en el tiempo, es lo que nos estaba tocando vivir. Ya existen los grandes sindicatos, ya el obrero tiene derecho a seguridad social, a salarios más o menos dignos, ya hay servicio médico para el empleado y su familia. En pocas palabras, ya aparece la vida como la conocemos. Esto es lo que se ha conocido como la Tercera Revolución Industrial o Derecho Laboral 3.0.

Sin embargo, ahora estamos viviendo una nueva forma de hacer las cosas en la que si no estamos muy atentos, de pronto la vida y su realidad nos van a dejar muy atrás en todos los sentidos. 

Lo que ahora se denomina Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0 y por extensión, Derecho Laboral 4.0, lleva aparejados cambios en la materia laboral que aún no queremos reconocer pero que ya están ahí. 

La figura del obrero entrando con el silbato de la fábrica, que por muchos años fue la protagonista de las relaciones laborales en las que el patrón arropaba a sus obreros y estos, en correspondencia, entregaban el alma por la empresa, ya no existen más. 

Ahora, un año es demasiado tiempo para los jóvenes que buscan cambiar de trabajo lo más pronto posible, aduciendo cualquier cosa pero siempre, con la idea de ganar un peso más en otra parte. Y la realidad, es que se saben vender y muy bien, pues cada día escucho con fruición, las voces de los jóvenes que consiguen “el empleo de sus sueños” cuando en realidad, van por puestos de trabajo cada vez más precarios. 

En este Derecho Laboral 4.0 el obrero no requiere presencia física en la empresa, lo que a quienes crecimos con aquello de que la relación laboral existe siempre con las premisas de subordinación y el pago de un salario nos parece imposible. Ya no se da la subordinación pues el “obrero” ahora trabaja desde su casa, tiene horario de más o menos las siete y hasta las once para entrar, saliendo desde las dos o tres y hasta las nueve o diez de la noche. Es decir, existe una casi completa libertad para que realicen sus labores sin supervisión alguna. Eso para mí, sigue siendo algo increíble. 

Los que crecimos con la idea de lograr algún día el beneficio planteado por Otto Von Bismarck, que es la que se ha conocido como la reina de las prestaciones laborales, la pensión o jubilación, nos sorprendemos cuando escuchamos el desdén que muestran hacia arcaicos conceptos como antigüedad, derechos preferentes, tiempo de servicios y otros que solo tienen cabida en el mundo del derecho laboral que ya está dejando de ser. 

Cuando surgieron las empresas de tercerización o más conocidas por su nombre en inglés de Outsourcing, no faltaron quienes como yo gritamos “sacrilegio” al observar cómo los derechos laborales: reparto de utilidades, antigüedad de empresa y otros, pasaron a un tercer o cuarto plano frente a las necesidades laborales del nuevo mundo: menor pago de impuestos, horarios flexibles, la no subordinación y mucho más. 

De hecho, el paradigma de vida que consiste en recibir educación, luego trabajar y al final, optar por una jubilación, ya no es más el ideal de vida de los jóvenes. 

Ante esos nuevos retos, ante lo que ya es el Derecho Laboral 4.0 debemos buscar la forma de lograr que la gente, toda, tenga derecho a los mínimos derechos laborales que se pueden conseguir. 

Y para muestra, la Seguridad Social. De nada sirve trabajar para un patrón determinado muchos años o andar por la “libre”, si al final de la vida laboral no se alcanza la tan anhelada jubilación. Dado que en nuestro México coexisten muchos sistemas de seguridad social y cada uno con sus propios requisitos y sin posibilidad de una real portabilidad de los derechos de antigüedad de uno a otro sistema, es que la gente prefiere un empleo en el que perciba mejor ingreso en efectivo que los derechos de seguridad social. Por eso ahora, ya no quieren ser ni obreros ni empleados. Buscan palabras horrorosas como asociado, que según da más prestigio pero que en realidad, no concede derecho alguno. 

Y para el tema de la seguridad social y el inevitable cambio del dinero en efectivo, por cierto, carísimo en su manejo, ya tenemos el dinero plástico y las tarjetas de crédito, mientras que para la jubilación, está la propuesta que he dado a conocer y que consigue que cada uno sea titular de su propia cuenta de seguridad social, que permite un sinfín de posiblidades de laborar y que al final, en realidad otorga la pensión. Recuerde usted que ya está diseñado, ya lo he presentado en múltiples ocasiones y está al alcance de un “clic” buscando: seguridad social Gómez Porchini. Así de fácil. Este es el nuevo Derecho Laboral 4.0. Ya está vigente y lo demás, va quedando obsoleto.  

Me gustaría conocer su opinión. 

Vale la pena. 

José Manuel Gómez Porchini


domingo, 21 de abril de 2019

Llora conmigo, porque yo, lloro solo.



Llora conmigo, porque yo, lloro solo.

Te dije una noche dura

Cuando lloraste en mi hombro

Llora conmigo, porque yo, lloro solo.


Y tú, con gran ternura

Mirándome a los ojos

Estoy contigo, clamaste

Y lo prueba, que estamos juntos.


Callé, te oí llorar

Calmé mi llanto

Faltaba mucho para despertar


Y hoy, como siempre

Mi hombro está dispuesto y mi corazón abierto para ti

Llora conmigo cuanto quieras, porque yo, lloro solo.



José Manuel Gómez Porchini

miércoles, 17 de abril de 2019

El M.I.R. y sus efectos



José Manuel Gómez Porchini / México debe salir adelante


México como país, creció muchos años bajo la estructura de un liderazgo cupular o corporativista, es decir, acatando las instrucciones que salían de una sola persona y así aprendió a vivir. 

De pronto, derivado de las luchas políticas y de la apertura que han propalado un mayor conocimiento en algunos factores de poder y con el apoyo de las ahora sumamente importantes redes sociales, han cambiado las estructuras de mando y existe cada vez con mayor fuerza, la intervención de algunos sectores de la sociedad civil en las opiniones que rigen a los pueblos. 

Ahora, de pronto advierto que las órdenes del gobierno, de sindicatos y de los supuestos “factores reales de poder”, han quedado rebasados por la acción de la gente, que lucha por diversas propuestas, no todas legales o válidas, pero si, todas con arraigo entre la población. 

El origen del problema no es de hoy. Se vino incubando desde hace muchos años y todo, con la complacencia de autoridades de los más diversos estratos de poder: federales, locales y municipales. 

Ya sentadas las bases del problema a nivel global, ahora voy a tratar de explicar, en la parte que nos interesa como estudiosos del derecho laboral, los problemas jurídico-laborales que a últimas fechas han aquejado a nuestro país. 

Lo más común en nuestro México es encontrar empresas pequeñas y medianas, por decir de hasta cien trabajadores, que carecen por completo de toda estructura formal de organización y que han crecido como las enredaderas: a la buena de Dios y sin ningún control. Me sigue llamando la atención enterarme que el propietario de la fábrica me diga que no sabía que tenía que pagar con recibos timbrados por el SAT o que me digan que no es necesario dar de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social a todos los trabajadores o que, para no pagar el impuesto sobre nóminas, paguen sus salarios en efectivo. Creo que lo que más me asombra es que piensen que así, no tendrán problemas legales pues el trabajador no tiene manera de acreditar su dicho, cuando lo cierto es que la empresa les proporciona gafetes, depósitos bancarios, cartas de recomendación, constancias de salarios y muchos elementos adicionales que sirven para acreditar la relación laboral. Lo que sigue: monto del salario, pago de vacaciones, horario de trabajo y demás, es carga procesal del patrón y por eso es que pierden las demandas. 

El gobierno mexicano, en un afán de recuperar el valor del salario mínimo y solo del mínimo, en la Resolución de 01 de diciembre de 2016 que fijó los salarios a partir del 01 de enero de 2017, introdujo el Monto Independiente de Recuperación, MIR por sus siglas, como un componente más para la integración del salario mínimo general, aclarando que solo al mínimo general habría de incorporarse y no a los demás salarios mínimos profesionales que también se discuten. En ese caso, el salario vigente a partir de 2017 se compuso del salario anterior, $73.04 más el MIR por $4.00 y un incremento de 3.9% lo que llevó a un total de $80.04 diarios. 

El año siguiente, vigente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, se utilizaron como componentes del salario los siguientes: el salario mínimo anterior de $80.04 más el MIR de $5.00 más el porcentaje de incremento salarial de 3.9%, nos lleva al salario de $88.36.

Este año pasó el salario en la frontera de $88.36 a $176.72, de los cuales $88.36 es el salario anterior; $79.94 el MIR; y, sumados dichos componentes alcanzan la cantidad de $168.30 a los que se les aplica un 5% de incremento para llegar a los $176.72.

En el interior de la república, el salario mínimo quedó en $102.68, de los cuales $88.36 es el salario anterior; $9.43 el MIR; y, sumados dichos componentes alcanzan la cantidad de $97.67 a los que se les aplica un 5% de incremento para llegar a los $102.68.

Del análisis de lo expuesto tenemos que el salario mínimo y solo el salario mínimo tuvo como apoyo el monto independiente de recuperación, de $79.94 en la zona fronteriza y de $9.43 en el interior de la república. 

Sin embargo, como si aún estuviéramos en una sociedad corporativista, desde la más alta esfera de poder se publicó que el incremento salarial para el 2019 era del cien por ciento, cuando ya ha quedado demostrado que fue de solo un 5%.

Ahora bien, ¿cuál es el problema de fondo?

La costumbre de hacer todo atendiendo la orden superior y no razonar lo que se está haciendo. También, pretender obtener un beneficio que, si bien puede ser legal, no es ético. Y lo aclaro.

Las empresas, en el juego de fijar los salarios con los trabajadores, buscan cubrir lo menos posible y por supuesto, buscan no cubrir los impuestos correspondientes. Así, algunas maquiladoras pactaron una cláusula con el sindicato de que el incremento salarial, para no impactar los tabuladores, lo pagarían en una sola exhibición al inicio del año. Claro, como los salarios de los empleados de maquiladora son superiores al mínimo y los últimos años los incrementos solo habían sido del tres o cuatro o cinco por ciento, con facilidad lo absorbían las empresas y así, no subían el tabulador en el porcentaje decretado de incremento a los salarios mínimos. 

Todavía los dos años anteriores, cuando ya existía el MIR o monto independiente de recuperación, pero en cantidades exiguas, las empresas lo absorbieron y lo incluyeron en el bono anual. De 73 a 80 y de 80 a 88, no son cantidades que impresionen a nadie. El bono fue de $2,555.00 y $2,920.00 respectivamente. 

Este año, de haber seguido lo que establece el decreto de 26 de diciembre de 2018, que claramente estipula: 1) Es una cantidad absoluta en pesos. 2) Su objetivo es única y exclusivamente contribuir a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo general. 3) No debe ser utilizado como referente para fijar incrementos de los demás salarios vigentes en el mercado laboral (salarios contractuales, federales y de la jurisdicción local; salarios diferentes a los mínimos y a los contractuales; salarios para servidores públicos federales, estatales y municipales; y demás salarios del sector informal); solamente se hubiera otorgado un bono por el porcentaje de incremento a los salarios mínimos, sin considerar el MIR, por el que debió ser de $3,073.00 el bono anual. 

Sin embargo, como no hubo quién pudiera razonar y explicar las bondades del decreto, amén de que se dijo en todos los niveles que el incremento salarial fue del 100%, lo que ya se vio es falso, la gente comenzó a reclamar un aumento general del cien por ciento a todo tipo de plazas y tabuladores. Se logró contener el incremento del cien por ciento a cambio de otorgar no el que proponían las empresas del siete o el ocho por ciento, dos o tres puntos arriba del porcentaje decretado al salario mínimo del cinco por ciento pero mucho menos del que al final se obtuvo, del 20 por ciento. 

En cuanto al bono, que sí estaba pactado, los obreros comenzaron a exigir el pago considerando como valor el incremento del cien por ciento a los salarios mínimos, lo que los llevó a los treinta y dos mil pesos que, junto con el incremento del 20%, fueron la base para la reclamación de la consigna y el movimiento 20/32 en Matamoros y que amenaza con difundirse a otras partes. 

Fue la base trabajadora, los obreros, los que rebasaron a sus líderes y a los representantes de las empresas. Ya estaban dadas las condiciones en cuanto a la caída del sistema corporativista y la creencia de que ahora existe una verdadera democracia; así, cualquiera que endulzara los oídos del pueblo obtendría sus favores y sucedió. 

El mérito es de la gente y la responsabilidad, de las empresas que, pretendiendo escamotear los derechos de seguridad social vía pago de bonos y no de salarios que impacten en las cuotas y aportaciones a la seguridad social, ahora se enfrentan a una realidad que, si bien no es legal, si se acerca a lo justo. 

Me gustaría conocer su opinión. 

Vale la pena. 

José Manuel Gómez Porchini





lunes, 7 de enero de 2019

Para apoyar al Presidente López Obrador



José Manuel Gómez Porchini / México debe salir adelante


Ha sido proverbial entre los mexicanos y tal vez entre la humanidad entera, enaltecer el logro ajeno y disminuir o menospreciar el propio o de los cercanos a uno. De ahí que exista la sentencia que establece que: “nadie es profeta en su tierra”.

México, nuestra querida patria, ha tenido toda suerte de dirigentes: desde los muy nacionalistas hasta los príncipes extranjeros; desde el cercano a la gente hasta el que se lava las manos después de saludar al pueblo. De todo ha habido.

Hoy, en que después de muchos años de insistencia el Licenciado Andrés Manuel López Obrador se ha alzado con el triunfo en las urnas, existe una corriente muy importante de mexicanos que indican: “yo no voté por López Obrador” y con ello, pretenden hacer que su gobierno fracase. Es decir, a pesar de que tratar de que le vaya mal al presidente de la república es como implorar que fracase el piloto del avión, sabiendo que vamos de pasajeros, lo están buscando.

Por eso y atentos a que México debe salir adelante, vengo a tratar de colaborar con mi granito de arena en beneficio del país, en el tema que he venido comentando con muchos de ustedes y que conocen los académicos de la seguridad social y mucha gente del país y más allá de nuestras fronteras.

En efecto, tenemos como país un grave, gravísimo problema de pobreza que no se puede acabar regalando dinero que alguien tiene que pagar; como tenemos el problema de la falta de cultura de pago de impuestos y de ahorro; como está fijo en los mexicanos la idea de que transar es la mejor forma de avanzar. Y se busca la manera de eludir impuestos, de evadir obligaciones y de luchar por conseguir que las cosas nos salgan regaladas o muy baratas, aún sabiendo que son robadas o de muy dudosa procedencia.

Ya hay varios intentos de lograr paliar cada uno de los problemas enunciados y la sociedad los ve con recelo y más aún, con intenciones de no acatar lo que propone el Presidente López Obrador para conseguir que México avance. Ahí entra lo que hoy vengo a proponerle.

Se trata de crear un sistema nacional de seguridad social indirecto que se vaya gestando en cada operación de compra que haga cada uno de los 120 millones de mexicanos que somos, de tal manera que al comprar algo, lo que sea, que tenga Impuesto al Valor Agregado, IVA por sus siglas, el equivalente a dos puntos de IVA se vayan a una cuenta de ahorros propiedad de cada uno en el que se vaya acumulando lo suficiente para tener servicio médico y medicinas, así como pensión, lo que junto, trae una seguridad social universal y que, en añadidura, al gobierno no le costaría un solo céntimo.

Voy a tratar de explicarme. La Secretaría de Hacienda reconoce una evasión y elusión fiscales por aproximadamente el 40% de lo que debería de recaudar por concepto de IVA. Es decir, si lo que debería ser es de diez pesos, solo recauda seis, con una fuga de cuatro pesos. Lo que propongo, es que, al hacer uso de las tarjetas de Cliente Frecuente otorgadas por el Gobierno Federal, cada operación gravada con IVA quede registrada, de tal manera que el vendedor se obligue a reportar ese IVA y el comprador recibe, a cambio de pasar su tarjeta, el equivalente a dos puntos. Al hacerlo, subiría la recaudación hasta el equivalente a ocho o nueve pesos de los diez que debería recaudar el Gobierno, de los cuales, bien puede disponer de dos para seguridad social y aún así, sigue teniendo más que antes de aplicar la propuesta.

Cabe aclarar que cada punto de IVA debe rondar aproximadamente entre ciento cincuenta a doscientos mil millones de pesos, que son suficientes para otorgar las pensiones que faltan en México y alcanza, además, para darle mantenimiento a los hospitales del Sector Salud e inclusive, crear unos nuevos.

Piénselo.

Me gustaría conocer su opinión.

Vale la pena.

José Manuel Gómez Porchini


domingo, 4 de noviembre de 2018

Carlos Gómez Sánchez Profesor y Licenciado

Nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el día 5 de noviembre de mil novecientos veintiséis.

Fueron sus padres el Sr. Dn. José Gómez Casas y su Sra. Esposa, Profra. Dña. Cuquita Sánchez Martínez de Gómez.

Terminada su instrucción primaria ingresó a la Esc. Secundaria, Normal y Preparatoria del Edo. de Tamaulipas, cursando ahí sus estudios de magisterio.

Terminó sus estudios a la edad de 17 años, obteniendo en su examen profesional, mención honorífica.

Durante sus años de estudiante formó parte de un equipo de basquetbol de la Escuela Normal.

Al terminar su carrera magisterial, dedicó un año para ayudar a sus padres.

Al siguiente año inició su labor docente como director de la Escuela Primaria de Santander Jiménez, Tamaulipas.

Su afán de conocimiento lo llevó a la Ciudad de México para cursar sus estudios de preparatoria, lo cual hizo trabajando como maestro en Sta. Ana Tlacotenco un año, después otro en Milpa Alta, en donde tiempo después fue Delegado Político del Departamento del Distrito Federal de ese pueblo y de los pueblos pertenecientes a esa delegación. Continuó trabajando como maestro en la Ciudad de México.

Terminada su preparatoria, ingresó a la Facultad de Leyes de la Universidad Nacional de México, en donde hizo sus estudios para obtener el título de Licenciado en Derecho.

Durante estos años formó parte del equipo de basquetbol de la UNAM.

Apasionado del deporte, practicó también el alpinismo, siendo socio del Club Alborada.

También fue un buen nadador desde niño.

Desde el primer año en la facultad practicó en un prestigiado bufete de abogados.

Desde muy joven participó en política, en los grupos juveniles.

Contrajo matrimonio con la Srita. Q.F.B. María Guadalupe Porchini Galván, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Son sus hijos Carlos Francisco; José Manuel; Moisés Jorge; María Isabel; María Guadalupe; y, Melba Margarita.

Trabajaba en la Secretaría de Hacienda cuando solicitó su cambio a provincia para ver crecer a sus hijos escogiendo a Matamoros para su residencia.

Radicó en esta ciudad desde el año 1965. Llegó para prestar sus servicios en la Aduana Fronteriza de esta ciudad.

Muchos y muy variados fueron los puestos que desempeñó.

Al mismo tiempo que desempeñaba el puesto al que fuera asignado siempre tuvo negocios propios: distribuidor de periódicos y revistas; distribuidor de cemento; socio en una fábrica de concreto y muchos más.

Fue ranchero de corazón. El año que dedicó para ayudar a sus padres, fue trabajando con ellos en un rancho.

Durante su estancia en Milpa Alta tuvo una huerta de nopal.

En esta ciudad también trabajó un rancho de su propiedad.

El accidente que puso fin a su vida fue el 13 de julio de 1983.

Para su familia es un honor que una escuela lleve el nombre de Carlos Gómez Sánchez.



viernes, 27 de julio de 2018

La Reforma Laboral


Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 27 de julio de 2018

La Reforma Laboral

Distinguidos miembros de la Mesa de Honor.
Queridos estudiantes.
Damas y caballeros que nos acompañan.
Sean todos bienvenidos.

Muy buenos días. Espero que las palabras que tengo preparadas para ustedes los lleven a imaginar lo que sigue en el mundo del derecho laboral, lo que, como apasionados de las relaciones laborales y sus problemas, de la seguridad social y sus carencias, así como de las injusticias que se viven en el día a día para los que, de cerca, vivimos la realidad de trabajadores y patrones ante la autoridad laboral y las reformas que ya se dieron y las que faltan.

Como todo en la vida, para poder entender el tema vamos a irnos, según las reglas metodológicas, desde los orígenes del asunto a discutir y para ello, debo contarles a ustedes que, desde el principio de los tiempos, el ser humano fue considerado, en términos jurídicos, como una “cosa” más, es decir, lo que en el derecho romano se denominaba res.

Por lo tanto, la relación que surgía entre una persona libre o res mancipi, es decir, una dueña de su propio derecho, sui juris, con una persona sujeta al derecho de otro, res nec mancipi o alieni juris, era una relación que se sujetaba a los términos del derecho civil, en el que la voluntad de las partes es la ley suprema.

Por ello, usted podía ir a algún mercado y comprar seres humanos, como fue la constante hasta que se dio la abolición de la esclavitud, hace apenas unos momentos en la historia de la humanidad, pues desde antes de Roma, según esto fundada en el año 753 antes de Cristo ya existía la esclavitud y fue hasta después de 1800 en que la mayoría de los países comenzaron a dictar leyes en ese sentido. México lo hizo por conducto de Miguel Hidalgo y Costilla en 1810 y en Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Abraham Lincoln, mediante la Proclamación de Emancipación de 22 de septiembre de 1862 y que tomaría efectos plenos hasta 1865. Es otro punto en el que jurídicamente hemos sido más adelantados que nuestros vecinos al norte.

La inmensa mayoría de los países latinoamericanos dictaron leyes en el mismo sentido aproximadamente en los mismos años. Es decir, durante todo 1800 o siglo XIX, se fueron dando los respetos a los derechos humanos y el primero y fundamental, el derecho a la libertad e igualdad jurídica.

Como antecedente directo está que a raíz de la Revolución Industrial que inicia en la segunda mitad del siglo XVIII, aproximadamente en 1760, surge la necesidad de contratar personal como empleados de las primeras fábricas, pues ya no existía en el mundo la libre comercialización de los humanos.

Claro, el tránsito de esclavos a empleados con prestaciones ha tardado muchos años de lucha y esfuerzo, pues al inicio, el patrón exigía jornadas de 16 a 18 horas diarias, lo que se conoce como jornada “de sol a sol”, es decir, de seis de la mañana a ocho de la noche, que son apenas poco más de catorce horas…

Comienzan los gremios o grupos de personas que se dedican al mismo arte, profesión u oficio a luchar por sus derechos y así, las costureras, los tablajeros, los zapateros y otros, pugnaron por lograr cambios que les permitieran arribar a niveles de vida distintos a los que habían sido confinados.

Vienen las grandes huelgas, tanto en Estados Unidos como en México y los gobiernos, temerosos de la reacción de la gente de dinero, restringe la lucha obrera y permite al gran capital establecer sus condiciones.

Empero, pensadores de la talla de Ignacio Ramírez, El Nigromante y muchos más en México y líderes sindicales como Jimmy Hoffa en Estados Unidos, lograron cambiar el estado de las cosas a unas mejores para el obrero.

Al culminar la lucha armada en nuestro país y ya con las grandes fábricas conscientes del valor de la fuerza de trabajo, comienza dentro de la lucha de clases propuesta por Karl Marx, el buscar cómo dirimir los conflictos entre el capital y la fuerza de trabajo.

Ahí es donde encaja nuestro tema: Las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la Reforma Laboral.

Para destacar su inicio, vale referirnos a la ley publicada el 19 de octubre de 1914 por Cándido Aguilar y que en su artículo 12 crea las juntas de administración civil, las cuales: “oirán las quejas de patrones y obreros y dirimirán las diferencias que entre ellos se susciten, oyendo a los representantes de gremios y sociedades y en casos necesarios al correspondiente inspector del gobierno”.

De igual manera, hay que hacer referencia a las leyes de 14 de mayo y 11 de diciembre de 1915 promulgadas por Salvador Alvarado en Mérida, Yucatán; la primera, instituyó el Consejo de Conciliación y el Tribunal de Arbitraje y la segunda reguló la materia laboral estableciendo juntas de conciliación y un Tribunal de Arbitraje: “Para resolver las dificultades entre los trabajadores y patronos...”; las primeras se formaban por cuatro miembros propietarios y cuatro suplentes, elegidos en la misma proporción por los trabajadores y los patronos y el Tribunal se integraba por un representante de los trabajadores, uno de los patrones y un juez presidente, según aparece en las páginas 108 parte final y 109 del texto ¿Juntas o Tribunales de Trabajo? Publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del que es autor Carlos Alberto Puig Hernández.

Corresponde al gobierno nombrar a quien será el presidente de la junta, tal y como hasta la fecha se hace.

Luego, esa misma idea permea al crear el artículo 123 constitucional y es de las ideas convertidas en ley, que llevaron a nombrar a nuestra constitución como la primera de corte social en el mundo.

Mientras tanto, los países de Europa, asolados por el fantasma de la guerra y ocupados en su propia reconstrucción y en la destrucción de sus vecinos, se ocupaban más de otras materias, como el Derecho Penal o el Internacional Público, soslayando el hecho ineludible de que cada día más los obreros, los patrones y sus relaciones iban creciendo en importancia y en número, dejando siempre para después la atención a ese problema.

El muy famoso Tratado de Versalles que puso formalmente fin a la Primera Guerra Mundial, se firmó en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles en París, el 28 de junio de 1919, concluyendo así la lucha armada que en realidad había quedado suspendida desde el armisticio de 11 de noviembre de 1918.

En el contenido del Tratado de Versalles aparecen algunos de los conceptos que, primero, habían quedado firmes en la Constitución Mexicana de 1917 y luego, fueron recogidos en éste, entre ellos, el modelo tripartito de impartición de justicia laboral planteado por la constitución mexicana de 1917.

Claro, cuando se crea la Organización Internacional del Trabajo, OIT por sus siglas, de igual manera se fijan en la forma propuesta por la constitución mexicana y así se integra, siendo la única entidad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU por sus siglas, que sigue el formato mexicano.

Así, México como pionero de la solución de los conflictos laborales por medio de la oralidad y el sistema tripartito, se consolida ante el mundo y demuestra por qué, junto con la Doctrina Estrada y el Juicio de Amparo, los juristas mexicanos son líderes de avanzada en sus ideas.

A raíz de las reformas constitucionales que, primero reservando al Congreso de la Unión legislar en materia de trabajo en toda la república y luego, al imponer la Ley Federal del Trabajo de 1970 y su Reforma Procesal de 1980, queda firme la impartición de justicia laboral como parte integral del Derecho Social en el que ha quedado claro que México es ejemplo a seguir.

Y ha sido así por muchos años, aún en los peores momentos del neoliberalismo, en el que se había mantenido firme la estructura tripartita de integración de los tribunales laborales como parte del Derecho Social.

De pronto y a partir de las exigencias de los organismos internacionales, en especial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE por sus siglas, así como lo que requiere en materia de justicia laboral el Tratado de Libre Comercio, México, aquel líder jurídico, ha decidido cambiar su formato a jueces de primera instancia de lo laboral mediante la propuesta de reforma constitucional de justicia cotidiana en materia laboral del presidente Peña Nieto publicado el 07 de noviembre de 2016 en el sitio de internet www.gob.mx/justiciacotidiana en el que se informa que la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma los artículos 107 y 123 Constitucionales, en materia de justicia laboral.

Se ordena el cierre de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto a nivel federal como local y se legisla para crear los Juzgados de lo Laboral dentro del Poder Judicial de la Federación.

La causa esgrimida ha sido la lentitud de los procesos laborales; la galopante corrupción en las juntas de conciliación; la falta de capacitación del personal de las juntas y; por supuesto, que los juzgados son mucho más eficientes, honestos, transparentes, eficaces y limpios.

Ahora sí, ya con conocimiento de causa pues me desempeño como Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje de mi Matamoros querido, puedo decir que los factores que han llevado a tener la percepción de que las juntas cultivan todos los males del mundo, han sido la falta de apoyo de los gobernantes hacia las propias juntas y me explico: es materialmente imposible que sin personal jurídico, de apoyo, de intendencia, de archivo y además sin los equipos de cómputo y mobiliario mínimo para trabajar, una junta pueda desempeñar con eficiencia su labor.

Exigirle a las juntas que dicten diez o cien o mil acuerdos, con las uñas y sin personal, es enviar a la gente, a los funcionarios, a solicitar el apoyo económico y de equipo de los usuarios de los servicios de las juntas. Incluye vehículos para actuarios, hojas para imprimir y hasta los propios equipos de cómputo en los que ha de realizarse el trabajo, pues el reglamento interno marca que solo en esos formatos puede levantarse una actuación, cuando en años anteriores, a los mayores nos consta que las máquinas mecánicas de escribir hacían maravillas.

Cierto, si usted se quiere deshacer de algo, lo primero que tiene que hacer es desacreditarlo para disminuir su valor y así poder soportar la razón de venderlo o cerrarlo.

Y no hay que ir muy lejos por los ejemplos que así lo han demostrado. En su momento, los caballos de acero que significaban la posibilidad de transportar carga y pasajeros por toda la república sobre rieles, Ferrocarriles Mexicanos, se dejó caer para así, ofrecerla al mejor postor. Y México perdió la soberanía en el transporte ferroviario nacional. Por supuesto que sigue siendo negocio, ya que de otra manera no se justificaría que empresas extranjeras hayan invertido su capital para adquirirla. Sabían de las ganancias que reditúa y no necesito decir más del tema. Por sabido, se calla.

Teléfonos de México, la comunicación oral, la posibilidad de transmitir datos y voces, se vendió también como empresa en quiebra. Ahora pueden admirarla como ejemplo de negocios a nivel mundial.

Así, el propio gobierno olvidó a nivel nacional a las juntas cerrando el suministro de insumos y exigiendo cada día más, hasta que la situación se ha tornado insostenible y los que desconocen la historia que hoy les he platicado, aseguran que un juzgado va a ser la panacea de todos los males.

Yo les pido que volteen a ver un juicio hipotecario, uno de arrendamiento o uno de sucesión, en el que haya controversia, para que me digan cuánto tiempo tardan. Uno de divorcio con convenio y sin bienes ni hijos, sí lo resuelven en dos meses o menos. Un divorcio con pelea por la custodia de los hijos, con bienes a disputar y con oposición de las partes, es un procedimiento igual o más lento, tardado y tortuoso que un juicio por una rescisión laboral.

La Justicia Cotidiana, la que pretende crear instancias de conciliación especializadas e imparciales, con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de decisión, como reza en la ya citada página de internet, es la misma que ahora crea un organismo descentralizado que registrará todos los contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales y estará a cargo de la función conciliatoria.

Es la intervención plena, absoluta, en la vida interna de los sindicatos pues ahora exige, como requisito para obtener un contrato colectivo de trabajo, que se acredite la representación de los trabajadores. En este punto es muy importante destacar que la que ha fallado no es la legislación vigente, de ninguna manera. Los que han cometido yerros atroces, son los encargados de velar por la sana interpretación de la legislación. En cuanto los encargados de la justicia federal permanezcan ajenos al sentir del obrero, a la necesidad del patrón, a la posibilidad de llegar a la conciliación, la que se menosprecia en aras de garantizar el cumplimiento de una sentencia de amparo que lesiona a todos, no habrá justicia en materia laboral.

Se propone la conciliación obligatoria como requisito para poder acceder a presentar la demanda. Es decir, en contra del espíritu de la constitución, que previene una justicia pronta y expedita, ahora habrá que agotar una instancia administrativa previa a presentar la demanda por parte del trabajador. Cierto, si lo vemos con ojos de pesos y centavos, de pragmatismo jurídico en favor de quien todo lo tiene, es una buena medida. Así no habrá demandas ociosas o descabelladas. Pero tampoco habrá un real acceso a la justicia, pues el obrero, el débil en la relación procesal, el que no tiene bienes de fortuna para soportar lo tardado de un juicio, habrá de desistir cuando vea los problemas que para él representa estar en litigio.

Es importante mencionar que las listas negras, prohibidas desde hace mucho, tanto en la ley como en la constitución, existen de facto y son motivo de discriminación.

El obrero que se atreve a demandar va a cargar, por siempre, con el antecedente de que es un “trabajador demandante” y en consecuencia, se le irán cerrando las puertas. No hay empresa en su sano juicio que contrate trabajadores demandantes. Sin embargo, la responsabilidad de la demanda no es siempre del obrero. De hecho, la mayoría de las veces la causa estriba en una orden ejecutiva de la empresa, de los directivos que solo ven pesos y centavos y no, la responsabilidad social que como patrones han adquirido.

Para el patrón, para la empresa, el salario es uno más de los costos de producción. Para el obrero, para el que lleva el pan a la mesa de su casa, para el que tiene que pagar renta y demás gastos, el salario es su propia vida y por ello trabaja y muchas veces, buscando hacer horas extras para incrementar sus ingresos.

Ese punto es toral para entender la diferencia que representa uno solo de los elementos de la relación de trabajo: el salario. Para el que todo lo tiene, un costo más. Para el que de todo carece, la vida misma.

Y si la empresa no paga el salario en la fecha asignada, cada siete días a los obreros y cada quince a los empleados administrativos, la molestia del trabajador es inmensa. Y nunca podrá ser válido argüir que no se pagó el salario porque la encargada “no vino” o diciendo que quien paga “no firmó los cheques” o cualquier otra excusa. No hay razón válida para dejar de pagar el salario. Y, sin embargo, es práctica común que el patrón lo deje de pagar, cuando menos, en el tiempo prometido.

Ahí, en ese supuesto, cuando acuden los obreros ante la Junta a pedir asesoría la respuesta va desde decir: podemos presentar la demanda con fundamento en la falta de pago de salarios y usted tiene grandes posibilidades de ganar. Sin embargo, la sanción para el patrón por no pagar salarios es tener que hacerlo y, además, con la indemnización prevista en la ley. Para el obrero, en cambio, la sanción por demandar es la rescisión de la relación laboral y aún cuando gane, se quedará sin su fuente de ingresos habitual. Además, ¿quién ha de contratar a un obrero “demandante”? Nadie pregunta la razón de la demanda y sí, por el contrario, utilizan el estigma de “demandante” para negarle una nueva oportunidad.

Es la realidad de la vida en el litigio laboral. Así está hasta el momento. ¿Qué va a pasar cuando previo a demandar se tenga que agotar el procedimiento adicional de conciliar, sin que exista la presión de la demanda?

En materia de derecho colectivo, la fuerza del obrero, lo que le permite equipararse al patrón al momento de la discusión colectiva, es la sombra de la huelga. La amenaza latente de una posibilidad de huelga es la que obliga al patrón a sentarse en la mesa a discutir con el sindicato las condiciones de trabajo. En el momento en que, para poder presentar un emplazamiento a huelga, el sindicato deba cubrir los requisitos que aparecen en la reforma laboral, que van desde acreditar la titularidad de la representación de los obreros hasta la toma de nota y otras figuras recién creadas, tanto empresa como sindicato sabrán que ya no existe ese peligro de huelga latente y en consecuencia, las pláticas habrán de tomar distintos derroteros. Ya no tendrá la fuerza el obrero y el patrón se sentirá más libre para imponer lo que le plazca.

Disminuir la fuerza del trabajador; asegurar la permanencia de las fuentes de trabajo a costa del sacrificio del obrero; trasladar los juicios de unos ante una junta que tiene sentido social y busca resolver apreciando los hechos en conciencia, sin sujetarse a formulismos y en la que priva la conciliación como fin último del derecho procesal laboral, es la que plantea la reforma laboral que está a la vuelta. Es la reforma laboral ya aprobada y que cambia el espíritu de una resolución de conflictos considerando nuestra historia y el legado mexicano por una que estima al juez rigorista como la panacea a todos los males y como la única forma válida de resolver, como si lo único que estuviera en juego fueran pesos y centavos y no, seres humanos y condiciones de vida que aspiran a un mejor mañana.

Lo que hay es con lo que contamos y como la orden es que las juntas deben terminar los juicios que en ellas hayan iniciado y, además, como aún no es realidad la creación de los juzgados laborales, espero que tengamos oportunidad de seguir viéndonos por varios años más.

Me gustaría conocer su opinión.

Vale la pena.

martes, 13 de marzo de 2018

Candidatos, a favor de tecnología y bancarización.


José Manuel Gómez Porchini / México debe salir adelante

Estamos en época de precampañas, que ya, para casi todos los efectos ante la gente, son verdaderas campañas con todo lo que estas llevan.

Los candidatos, como siempre, prometen construir el puente y también el río que ha de pasar por debajo. La gente, como siempre, sigue creyendo porque tiene la necesidad de confiar en que alguien desde arriba ha de resolver todos sus problemas, olvidando que cada uno es creador de su propio destino.

Y ya, ahora, tenemos a la tecnología como una realidad que nos invade cada día más en todos los aspectos de la vida. Hoy tuve oportunidad de ver el vídeo de un camión que no utiliza conductor pues es manejado por computadora y que hizo su viaje inicial de primer envío comercial en Colorado, U.S.A., fabricado por OTTO, empresa que así los produce.

También seguimos teniendo los programas de cliente frecuente que ya manejan la inmensa mayoría de las empresas y que consiste que en cada operación que usted hace, la quinta es gratis, o le abonan puntos, o le hacen descuentos o le devuelven efectivo y más.

Los bancos, por su parte, luchan por alcanzar mayores mercados y se pelean a los cuentahabientes, cuando su población destino es solo de aquellos que cumplen varios requisitos: tener documentos de identidad (con lo cual se elimina a más del diez por ciento de la población), que no necesite el dinero (lo que elimina al 90% de los mexicanos) y además, que tenga bienes para garantizar el préstamo. Definitivamente, así no han de conseguir clientes.

Pero estamos en posibilidad de sumar esos tres factores: la necesidad de tener más cuentahabientes, los programas de lealtad al cliente y los avances de la tecnología.

Sumados, nos pueden llevar a resolver un problema cada vez más grande y que pone a un altísimo porcentaje de mexicanos en graves problemas: la falta de seguridad social, entendiendo ésta como pensión, servicio médico, guarderías; préstamos para estudio; canchas deportivas y mucho más.

Esa suma consiste en crear una tarjeta de cliente frecuente, proporcionada por el Gobierno Federal, que asuma un porcentaje del Impuesto al Valor Agregado, IVA por sus siglas, de manera que en cada operación que haga cada uno de los mexicanos, deslice la tarjeta y obtenga, vía electrónica, el equivalente a dos o tres puntos de IVA para que le sean acreditados en una cuenta bancaria a su favor. Ahí, estamos hablando de ciento veinte millones de cuentas y todas con depósitos más frecuentes de lo que se puede usted imaginar.

Entran en juego la tecnología; el servicio de banca y los programas de cliente frecuente. El resultado sería que la gente, al saber que de cada operación va a tener algo para su retiro, exigirá que la operación quede registrada. Cambiarían el nombre del dueño del teléfono o de la luz de la casa, que está a nombre del abuelo que murió hace treinta años para ponerlo a su nombre y así, generar en su favor.

También, al pedir que la operación se registre, se abatirían la evasión y elusión fiscales por concepto de IVA, pues el cliente pediría el registro de la operación.

Tendría Hacienda ciento veinte millones de inspectores fiscales dispuestos a informar cuando un proveedor se niegue a registrar la operación, pues perderían su parte.

Ya no es problema la terminal punto de venta, ya que desde cualquier celular se puede hacer la operación.

Lo único que se necesita es la voluntad política para hacerlo valer.

Yo quiero a México y quiero que las cosas cambien. Ojalá me apoye difundiendo la propuesta y en todo caso, si usted es amigo de uno de nuestros próceres, dígale que ya existe una propuesta válida. Está publicada íntegra. Está a la orden de México. Está a sus órdenes.

Me gustaría conocer su opinión.

Vale la pena.


José Manuel Gómez Porchini