De las tiendas de raya.

Una de las notas que más revuelo ha causado en los últimos días, cuando menos en el ámbito jurídico, es la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el A.D.R. 1180/2008 derivado del A.D. 179/08 en contra del laudo de 08 de febrero de 2008 que declara inconstitucional una parte del Sistema de Previsión Social de los trabajadores de Wal Mart, empresa de origen estadounidense y que con sus más de 154,000 trabajadores en nuestro país, resulta ser el patrón individual con más empleados en la República Mexicana.

Mediante juicio seguido ante la H. Junta Especial Número 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chihuahua, Raúl Ávila A. reclamó, entre otras cosas, la inconstitucionalidad de algunos de los sistemas de previsión social implementados por el patrón, entre ellos, lo relativo a los vales de despensa que sólo ante la propia empresa puede cambiar el beneficiario.

Para estar en posibilidad de entender el origen de la prestación de referencia, debemos tratar de interpretar el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo que de suyo propio, resulta totalmente violatorio de garantías individuales y que deja sin protección alguna al obrero, pues a pesar de tratar de protegerlo, según el espíritu de la ley, lo cierto es que permite y alienta la simulación por parte del patrón, de los sindicatos y los obreros.

Voy a tratar de explicarme.

El citado artículo 84 establece que para algunos efectos, deberán considerarse como parte integrante del salario “todas y cada una de las prestaciones que en efectivo o en especie” reciba el trabajador del patrón.

Sin embargo, si el patrón incluye como salario todo lo que entrega al trabajador, las cuotas de seguridad social se incrementan, por lo que lo que “se acostumbra hacer” es sólo reportar algunos de los ingresos del obrero, ya de cuello blanco, ya de uniforme.

Por ende, a la hora en que se recurre a los sistemas de seguridad social, lo cierto es que han recibido una parte de lo que deberían, pues todos los involucrados están de acuerdo en que lo correcto es simular los ingresos, “para no cargarle la mano ni al trabajador ni a la empresa”.

Lástima que tan “noble” intención perjudique a la totalidad de los mexicanos, incluyendo y en primerísimo lugar, a quien según tratan de proteger, el empleado.

Si un trabajador tiene un sueldo nominal de setenta y cinco pesos diarios, lo correcto sería que sobre ese sueldo cotice su seguridad social y por supuesto, sus impuestos.

Sin embargo, a esos 75 se suman el bono por asistencia, que debería ser obligación, el premio por limpieza, el incentivo por disposición y actitud, en suma, una cantidad tal de estímulos adicionales al sueldo, que muchas veces es superior al propio salario nominal. Aquí se incluyen los famosos “Vales de Despensa” que sólo ante el mismo patrón puede cambiar el obrero.

Lo extraño es que dichas diferencias no cuentan ni para impuestos ni para seguridad social.

Si Usted, querido lector, llega a sufrir una enfermedad que le impida ir a laborar, no le van a pagar en términos del sueldo integrado según el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, si no sólo con aquellas cuotas que integran el salario para efectos de seguridad social e impuestos.

Es decir, siempre dejará Usted de reportar a Hacienda y a los diversos sistemas de seguridad social, una parte sustancial de sus ingresos.

Aquí es donde encaja lo que pretende hacer Wal Mart con sus trabajadores.

Para efectos de evitar cargar los salarios con ingresos adicionales, les dicen, al igual que en muchísimas otras empresas, que en vez de trabajadores son “asociados”, es decir, les ofrecen una parte de los ingresos de la empresa en cuanto rebasen unas cuotas, obviamente establecidas por el patrón, que permiten la sana vida de la empresa en cuanto a los salarios que paga.

Sin embargo, esos ingresos no le son entregados al trabajador en efectivo, pues ello traería graves consecuencias a la empresa, al descapitalizarse. Lo que hacen las grandes corporaciones, es adquirir vales de despensa o de los denominados de previsión social, que compran a precios menores al marcado en las carátulas de los vales y se los entregan al obrero, mismo que sólo los puede cambiar en determinados centros de canje, especialmente, en los propios establecimientos del patrón, lo que les quita todo espíritu de auxilio y ayuda para el trabajador, pues en realidad, se constituyen en una moneda emitida por el patrón, que sólo ante él tiene valor.

Si Usted revisa con detenimiento, podrá observar que no todos los vales de despensa, de alimentos, de gasolina y demás, son canjeables en todo tipo de negociaciones. Sólo unos cuantos los reciben y precisamente, por que llevan ganancia. Si no, ¿dónde estaría el truco?

En campaña por la Presidencia de la República, los candidatos de los partidos políticos P.R.I. y P.R.D. Roberto Madrazo y Andrés López, ofrecieron reducir el monto de los impuestos a cubrir por quienes obtuvieran ingresos inferiores a diez mil pesos mensuales, en promedio. Ninguno de los dos llegó al puesto, como para ver qué hubiera hecho.

Sin embargo, la realidad de nuestro México actual es que aún quienes perciben ingresos inferiores a los diez mil pesos mensuales están obligados a declarar sus ingresos. En el caso de los trabajadores que no disfrutan de una relación laboral formal, es decir, de aquellos que por su cuenta y riesgo pretenden crear riqueza, están obligados a invertir muchas horas de su tiempo en presentar unas declaraciones de impuestos, que por cierto, cada vez son más absurdas y engorrosas.

Lo cierto es que si le permitieran a Wal Mart, a los comisionistas y profesionistas independientes, a los trabajadores todos, con o sin un empleo formal, reportar una base gravable de impuestos cierta, que fuera la que les permitiera darse de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que sobre esa base y partiendo de un mínimo de ingresos superior a cuando menos cincuenta mil pesos mensuales, podríamos lograr que la simulación fuera la excepción, no la regla.

Podríamos hacer que los incentivos a los obreros y trabajadores de cuello blanco, fueran en efectivo y no en valecitos, de los que emulan las tiendas de raya que el Constituyente del 17 pretendió abolir y que ahora, si se fija bien, persisten.

Dejaríamos, de tajo, de sospechar de los ingresos de los mexicanos que desde el momento en que se ha creado el Impuesto a los Depósitos en Efectivo, han optado por no recurrir a la banca formal y sí, por el contrario, enfocar sus avances a la banca paralela, a los prestamistas, a los que cambian dinero bancario por trueque de papelitos sin valor ni respaldo alguno.

Eso, en el caso de los pobres mexicanos mortales que no tienen acceso a las cuentas en el extranjero.

Si nuestros genios de Hacienda se tomaran la molestia de revisar los bancos “del otro lado”, verían que cada día surgen dos o tres sucursales nuevas, que cada día se abren nuevas fuentes de trabajo allende el Bravo con el esfuerzo, con el sudor de los mexicanos.

Vamos, cada día nos volvemos un poco más pobres por no tenernos confianza.

Por no pensar en que los mexicanos ya somos capaces, que ya tenemos edad adulta para confiarnos nuestros propios asuntos, que no necesitamos un revisor de ningún tipo que nos obligue a gastar nuestro propio dinero, en las tienditas que ellos, los supuestamente mayores de edad, han establecido para nosotros.

Que creer que los mexicanos por siempre vamos a necesitar un guardia que nos diga lo que debemos y lo que no debemos hacer, es pensar que aún no tenemos la suficiente madurez para administrarnos por nuestros propios medios.

Que la vajillita, la paletita, el regalito, el valecito y demás ofertas de bancos, banqueros y tiendas que ofenden de sólo pensarlas, tal vez estuvieron acordes a una época ya superada, pero ahora, aparte de ofender, son puntos de irritación social que más vale considerarla.

Que conste, yo no soy quien propone la queja. Sólo hago público lo que Usted, mi querido lector, me ha dejado hacer saber.

Es una verdadera tristeza que nuestro México esté como está, teniendo todo lo que tiene.

Pero además y como corolario a lo expuesto, déjeme contarle, mi querido lector, que se necesita ser ajeno a la realidad para pensar, para creer que la irritación social que está germinando en nuestro México, se alimenta de las ofensas que le ocasionan al pueblo “los enemigos del sistema”.

La realidad es que desde dentro del propio sistema oficial de gobierno, desde las alturas del poder, que cada vez se alejan más de las bases, se ordenan y dictan medidas que lastiman y ofenden al pueblo.

Aquí debemos precisar que el término “pueblo” se refiere al inmenso conglomerado de los que no tienen la capacidad de dictar las leyes, de ordenar su cumplimiento o de decidir quién es culpable y quién no.

Por pueblo, debemos entender al comerciante, al industrial, al propio burócrata, al estudiante, al campesino, al obrero, inclusive, a quienes viven de la venta ilícita de productos lícitos.

Que no es lo mismo que una señora haga en su casa 500 tortillas de harina, les ponga huevo y frijoles y salgan ella y sus hijos a venderlos, lo que para la “Autoridad” es un crimen de idénticas proporciones que el que comete quien fabrica en su elegante establecimiento, los productos “del tercer turno”, que aquél que vende sin recato, sin vergüenza ni pudor alguno, productos introducidos al país sin el pago de impuestos.

Que no es lo mismo que el humilde vendedor ambulante o profesionista independiente cometan el gravísimo delito de no darse de alta y no pagar los 200 pesos mensuales de impuestos que les corresponden, a que las grandes corporaciones declaren ufanas que sus pagos de impuestos no alcanzan ni siquiera UN PESO, pues sus contadores y abogados, por cierto de los que denigran ambas profesiones, lograron eludir los impuestos del patrón para que su carga impositiva s reduzca a la nada real.

Vale la pena analizarlo.

Me gustaría conocer su opinión.

José Manuel Gómez Porchini.
Mexicano.
Licenciado en Ciencias Jurídicas por la U.A.N.L.
Maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la U.A.T.
Catedrático universitario.
Miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social.

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