viernes, 12 de octubre de 2012

Por una verdadera reforma laboral.


El Diccionario de la Real Academia Española ofrece como significado, en segundo término, de la palabra reformar la siguiente definición: Modificar algo, por lo general con la intención de mejorarlo.

Nuestros diputados y posiblemente los senadores, aprueben en estos días una reforma laboral que, siguiendo el sentido de la palabra, habrá de modificar la ley laboral con la intención de mejorarla.

Sin embargo, del análisis de lo que ha aparecido como minutas del proyecto de reforma, aparece que la intención de mejorar no establece en favor de quién habrá de ser esa mejora: si del trabajador o del patrón.

Por definición propia y como se encuentra dentro del marco del derecho social, el derecho del trabajo debe ostentarse como garante de la seguridad del obrero y buscar, lo que la propia Organización Internacional del trabajo, la OIT por sus siglas, ha venido pugnando: establecer un salario decente.

Pero para establecer un salario decente, habría que empezar por definir qué es decente, cómo lo interpretan nuestros próceres legislativos y qué fin último es el que persiguen.

La cantidad en pesos y centavos de un salario decente, escapa y con mucho a la imaginación, pero no, nunca puede ser de sesenta pesos diarios, suma que es insuficiente para sostener una familia, desde el ángulo que se le quiera ver.

Ahora bien, muchos patrones, me consta, podrían pagar más pero no lo hacen por el temor a las repercusiones que trae aparejadas el importe del salario del obrero. Las cuotas de seguridad social, que alcanzan niveles de escándalo, impiden que se les cubra mejor salario. En el mejor de los casos, el patrón, en adición al sueldo con que los registra en la seguridad social, cubre primas, bonos, estímulos y otras figuras medio incomprensibles que escapan al salario para efectos fiscales y de pago de cuotas obrero-patronales, prohijando con ello, el gobierno, un auténtico fraude a la seguridad social.

El hecho de que el patrón pague más de lo que reporta, no es culpa del empleador, es responsabilidad directa del gobierno que, en su ceguera legislativa, es incapaz de encontrar nuevas fórmulas para allegar recursos al seguro social y todo lo pretende obtener del causante cautivo: el patrón.

Claro, al lastimar a quien paga, el patrón, no habrá empleos ni seguridad social ni podrá generarse riqueza.

¿Cuál será la solución?

Mejorar la Ley Federal del Trabajo para que, de inicio, realmente regule los trabajos y no los empleos. En la actualidad, la Ley Federal del Trabajo lo que realmente regula son los empleos formales, pues reduce su protección a los que gozan de una relación laboral formal, aun cuando pretenda definir que relación laboral y contrato de trabajo son casi sinónimos y que el segundo es solo la expresión escrita de la primera. Si el patrón le dice al obrero que no le entrega copia del contrato por que no quiere, el obrero se aguanta. Tiene que comer. Y si no lo da de alta en el seguro social, también se aguanta, por la misma razón. Claro, ningún obrero en lo individual pelea capacitación y adiestramiento, ni seguridad e higiene, ni todos y cada uno de los postulados hermosísimos que contempla la legislación laboral pero que solamente unos cuantos patrones cumplen. Claro, sirven para que los inspectores obtengan tajadas maravillosas y también, para fincar responsabilidades al patrón, nunca a la autoridad, en caso de siniestros. Así… ¿para qué queremos la ley, si no se aplica? Si no sirve ni la actual ni la reformada ni la remasterizada ni la digitalizada ni de ningún otro nombre… ¿qué debemos hacer? Y si aparece el sindicato a defender los derechos de los obreros, lo menos que decimos de ellos es que son rojillos, que no razonan, que son intransigentes, unos abusivos extorsionadores y cualquier lindeza por el estilo. Y está el ejemplo de los del SME, que en mi opinión deben ganar, pero que la prensa y el gobierno los han satanizado. Y no, nadie defiende al trabajador. 

Por tanto, se debe ampliar la protección que brinda la seguridad social a la totalidad de la población, con independencia de que tengan o no una relación laboral formal. ¡No se puede! Dirán de inmediato los que manejan los fondos. Es el sueño del proletariado, dirá la voz de los de izquierda. ¡Herejía! Le toca decir a algunos sectores plenamente identificados.

La realidad es que otorgar seguridad social a la totalidad de la población es jurídicamente posible, tecnológicamente sin trabas y constitucionalmente solo se requiere la voluntad de quienes pueden decidirlo.

Trataré de explicarlo: La fórmula es brindar a cada mexicano una tarjeta ligada al CURP que se utilice en cada operación gravada con IVA para que el equivalente a tres puntos de IVA se apliquen en favor de la seguridad social de cada uno de los ciento siete millones de mexicanos, de tal suerte que se deberán crear igual número de cuentas tipo bancarias, que sean de seguridad social, donde se depositen esos fondos. Cada individuo en lo particular, tendrá sesenta y cinco años para acumular fondos y garantizar su propio sistema de ahorro y seguridad social con independencia de que tenga o no, una relación laboral formal. Cuando ingrese a un sistema formal, podrá juntarlo con sus saldos. Al separarse, se llevará el saldo y así lograremos la, hasta ahora, imposible, portabilidad de los sistemas de pensiones.

Cuando compre una empresa de derecho privado, los fondos se acumularán en favor de la empresa y servirán para pagar impuestos de seguridad social.

Cuando compre el gobierno, el nivel que sea, se aplicará en una cuenta concentradora para garantizar la seguridad social de los que nunca compran, de los que ya tengan los sesenta y cinco años cumplidos al inicio del sistema y de quienes no alcancen un mínimo.

Cada punto de IVA representa en la actualidad, aproximadamente cien mil millones de pesos. Cifra suficiente para garantizar y otorgar las pensiones que se requieren en la actualidad en México. Cuando se inició la presente propuesta, el punto de IVA alcanzaba apenas cuarenta y cinco mil millones de pesos. Ha crecido.

Ayudaría a tener un control real de los gastos de cada uno, sería suficiente para tener ciento siete millones de inspectores de Hacienda verificando que se cobre realmente el IVA, reduciría la evasión y elusión respecto del propio IVA y además, ayudaría a generar ahorro interno del orden de doscientos mil millones de pesos anuales.

Ya está publicado, ya está en la red, ya conocen la propuesta: académicos, legisladores, estudiantes y muchos mexicanos más, así como personas de otras latitudes.

Lo único que falta es una voz que la haga valer y claro, la suma de muchos mexicanos que inviten a sus legisladores a proponerla y apoyarla. Es una idea que le sirve a México.

Vale la pena.

Me gustaría conocer su opinión.

José Manuel Gómez Porchini.
Director General
Calmécac Asesores Profesionales S.C.
Comentarios: jmgomezporchini@gmail.com 


Fuentes a consultar:



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