La costumbre se hace ley, reza la máxima entre los abogados y la gente sabe perfectamente que cuando accede una vez a otorgar un favor, un derecho o una prestación, ya aceptó que esa situación se puede convertir en definitiva. Así, el dueño del terreno que permite que los vecinos de atrás, para no tener que rodear, crucen su finca, constituye a favor de esos vecinos lo que en derecho se denomina servidumbre de paso, que obliga al predio de abajo a permitir al de atrás, que por él pasen los pobladores, las aguas y toda suerte de vehículos. Ya creado el derecho, no puede extinguirse así cambie de dueño el predio, pues el afectado es el terreno, no el propietario.
Así, cuando la sociedad va buscando nuevos derroteros, cuando necesita una nueva forma de hacer las cosas, empuja a la legislación, la convierte en punto de discordia, la nulifica con la realidad y logra que se cambie la ley.
Los cambios algunas veces son oportunos, otras, los políticos tardan demasiado en comprender la necesidad del pueblo de obedecer leyes justas y las más, retrasan los cambios por conveniencia de su partido, de sus personas o porque ahí encuentran el negocio que requieren para vivir como políticos, lo que vale decir que es vida ajena a la de la mayoría de los mortales.
Hoy nos encontramos con que el once de enero de dos mil doce el Congreso de la Unión se ha hecho eco de los reclamos de uno de los sectores más lastimados de nuestra sociedad: los jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Resulta que cuando una persona entró a laborar hace ya muchos ayeres, le dijeron que su jubilación sería garantizada por el estado. Al tiempo, cambiaron las circunstancias por ajustes presupuestales y cambió la ley, para salvar al Instituto y para proteger al gobierno.
Luego, volvió a cambiar y se crearon las Afores, esas cuentas individuales de pensiones que, al parecer, no han tenido gran éxito en los países de donde las mal copiamos pero que aquí, se siguen utilizando.
Sin embargo, en el cambio de una a otra, aparece que las aportaciones a Infonavit, instancia de gobierno dedicada a recibir fondos de trabajadores y patrones para lo relativo a vivienda, el gobierno decidió, mediante un artículo octavo transitorio, que debían enviarse al gobierno para soportar las pensiones, lo que desvirtuó por completo el espíritu de las aportaciones.
Cuando la gente y obvio, los abogados, empezaron a reclamar la devolución de esos fondos, tanto la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje como los Juzgados de Distrito y toda la maquinaria jurídica oficial, se encaminaron a defender y sostener que ese artículo octavo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, era válido, cuando lo cierto es que no da oportunidad de defensa al ofendido para privarlo de un derecho adquirido, tal y como lo ordena el artículo 14 Constitucional.
Así las cosas, a fuerza de buscar los medios jurídicos necesarios, de impugnar todos y cada uno de los aspectos que sostenían los juzgadores, de acudir ante la Suprema Corte para hacer valer el reclamo, se logró que se considerara inconstitucional el envío de esos fondos al gobierno y que se entregaran al pensionado. Sin embargo, por la naturaleza misma del amparo, que sólo protege a quien lo solicita, la inmensa mayoría de los pensionados no ha recurrido a autoridad o instancia alguna para recuperar su dinero, lo que sí es válido.
Hoy, la sociedad ya hasta la saciedad, empujó y logró que el Congreso, tal vez por ser año electoral, emitiera el pasado once de enero de dos mil 2012, decreto por el que ordena los mecanismos para la devolución de los fondos mal direccionados a favor de sus verdaderos dueños, indicando los pasos a seguir.
Todavía falta acabar de comprender a cabalidad los alcances del decreto, la forma de devolución y los beneficiados, pero sí le digo a Usted, mi querido lector, que la sociedad ha logrado un triunfo más, ha hecho que se cambien para bien, las leyes injustas que lastiman a quien menos puede.
Hemos pugnado desde nuestra trinchera y obtuvimos amparos favorables. Ahora sólo falta obtener la devolución de los fondos, lo que según será en próximos días. La defensa que busca ayudar a quien lo necesita y que además, logra recuperar el patrimonio del obrero, del débil en la relación laboral, a más de ser altamente satisfactoria profesionalmente, es la que logra convertir en realidad la justicia social.
Vale la pena.
Me gustaría conocer su opinión.
José Manuel Gómez Porchini.
Mexicano. Abogado.
Comentarios: jmgomezporchini@gmail.com
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