México está inmerso en un problema mayúsculo de inseguridad pública, que a todos nos ha robado la tranquilidad y ha secuestrado la paz de la nación. Eso, es un hecho incuestionable.
En la guerra que ha emprendido el Presidente Calderón contra la delincuencia, ha habido bajas de ambos bandos: los buenos, formalmente representados por los servidores públicos y los malos, que al parecer pertenecen a las fuerzas del crimen.
Aparte, ha habido bajas de población civil ajena a los hechos que lamentablemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado.
Obvio, los que se encuentran fuera de la ley no pueden aspirar a derecho alguno derivado de la seguridad social pues su función no se encuentra regulada por legislación alguna. Bueno. Si los tienen inscritos como empleados en algún negocio, sí van a aspirar a una pensión sus familias.
Sin embargo y aquí es donde quiero llamar la atención de Usted, mi querido lector, los miembros de las fuerzas del orden, policías, tránsitos, soldados, marinos o como les quiera llamar, sí estaban cumpliendo con su deber, sí estaban bajo una situación laboral formal y sí deberían tener acceso a lo que establece la legislación laboral.
Ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni la Ley Federal del Trabajo contemplan ni previenen absolutamente nada respecto a las pensiones de los trabajadores. Lo dejan a la Ley del Seguro Social, a los Reglamentos internos de las dependencias, a los Estatutos Laborales de los diversos municipios y estados y también, a los contratos colectivos de aquellos casos en que así aplica.
Y entonces surge una gran disparidad. Mientras un obrero con relación laboral formal al sufrir un riesgo de trabajo que le ocasione la muerte deja a favor de su viuda e hijos el derecho a una pensión por viudez de manera vitalicia a cargo el Instituto Mexicano del Seguro Social, al fallecer un miembro de la policía estatal o municipal, la familia debe ir a suplicar al gobernante en turno, llámese alcalde o gobernador, les conceda como favor una pensión por cierto tiempo.
Hará cosa de dos o tres días escuché a la alcaldesa de algún municipio decir que las viudas de los policías caídos a raíz de un ataque con granadas de fragmentación, tendrán derecho a cinco años de pensión y que los hijos de esos mismos policías tendrían derecho a una beca hasta terminar la escuela preparatoria, me pareció más que la concesión de un derecho, la expresión de una burla atroz, pues ¿cómo va a ser posible que haya dado la vida por defender a la ciudad y a sus moradores el policía y ahora, su viuda sólo tenga derecho a unos cuantos años de pensión?
Me parece que lo mínimo que debe hacerse en materia de seguridad social en tratándose de elementos de las fuerzas armadas y policiales, sea homologar el derecho al que tiene un simple obrero de fábrica, es decir, que su seguridad social sea proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el pago de las respectivas cuotas de los ayuntamientos, estados y gobierno federal para que esas familias tengan la protección legal que merecen.
No será una concesión graciosa, no será una dádiva ni un regalo. Están entregando lo más valioso que tienen: su vida. No se le puede pedir más al obrero para otorgarle lo que por derecho debería de corresponderle.
La propuesta formal es que todos, absolutamente todos los que pertenecen a las fuerzas policiales y que utilizan armas en México, tengan derecho a seguridad social otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para ellos, sus esposas o esposos e hijos y padres.
No es mucho pedir. Así podrá haber mexicanos interesados en luchar por México.
Y que no diga alguien que no procede por que la ley no lo permite. Que son trabajadores del Estado o cosas así. Cambien la ley. Así de fácil. Y sí se puede. Es cuestión de voluntad política.
Además, así podrían interesar a alguien a seguir la carrera de policía. En el momento actual, lo que ofrecen no es ni para comentarlo.
Vale la pena.
Me gustaría conocer su opinión.
José Manuel Gómez Porchini
Mexicano.
es un derecho que se les ha negado por las leyes de la probadilidad y las estadisticas lo que infiere que hay leyes que son injustas aunque las matematicas se crean perfectas y justas no lo son si se desea llegar ha un parametro justos se debe buscar el factor que permite excluir ha este sector y aplicar una compensacion ha las intituciones que los han relegado utilisando como escusa los probables costos y dejando sin argumentos cuasilegales a las instituciones para discriminarlos y negarles los beneficios de una seguridad social.solo se lograra tener una corporacion sana y eficiente cuando la relacion entre sociedad y las policias puedan reclamar con justicia una de la otra un trato basado en el respeto ha la dignidad de ambos.unida ha la verificasion externa de los conpromisos adquiridos
ResponderEliminarA LOS POLICÍAS DEBEN CONSIDERARLOS COMO TRABAJADORES, COMO A LOS DEL APARTADO A Y B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, YA QUE SI 1.-TIENEN UN HORARIO (O MAS BIEN UNA HORA DE ENTRADA PERO NO DE SALIDA), 2.-REALIZAN UNA LABOR, -POR LA CUAL LES PAGAN UNA MISERIA, PORQUE SALARIO NO PUEDE CONSIDERARSE A UNOS CUANTOS PESOS QUE NO LES ALCANZA PARA PROVEER DE ALIMENTOS, ESCUELA, CALZADO A SU FAMILIA- POR QUE LAS POCAS LEYES DE LOS POLICÍAS NO RECONOCE AL SALARIO COMO TAL, SI NO COMO UNA REMUNERACIÓN y 3.-ESTAN SUBORDINADOS A UN PATRÓN QUE ES EL ESTADO,...LUEGO ENTONCES TAMBIÉN ES TRABAJADOR. COINCIDO EN QUE SE DEBE REFORMAR EL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL PARA QUE DESDE LA MÁXIMA LEY SE LES RECONOZCA UNA RELACIÓN LABORAL TANTO A LOS POLICÍAS COMO A LOS DEMÁS GRUPOS EXCLUIDOS EN LA FRACCIÓN XIII DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE NUESTRA CARTA MAGNA.
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