lunes, 23 de mayo de 2016

Casa del herrero, azadón de palo o cuando la justicia es injusta.

José Manuel Gómez Porchini / México debe salir adelante


Hablar de los yerros de la justicia se me antoja tarea fácil. ¡Hay tanta tela de dónde cortar! Los que ya suman algunos años como quien escribe, han de recordar que en 1988 hubo un golpe de estado a la entonces Suprema Corte de Justicia de la Nación y por tal motivo, se redujo de 21 a 11 el número de ministros de la Corte y se crearon los Tribunales Colegiados. Aumentó en cantidad pero se redujo y sustancialmente la calidad de los impartidores de justicia.

Se crearon así, como de la nada, lo que ahora el poder judicial presume en televisión: que son más de novecientos jueces y magistrados los que se encargan de dar certeza jurídica a los ciudadanos.

Y entonces voltea uno a ver las resoluciones de esos novecientos y también, las de los jueces y magistrados de los poderes judiciales de los estados. Aprende uno que lo más efectivo, además de formular el escrito respectivo, es prenderle una veladora a nuestro santo preferido; ir a bailar a Chalma; probar el conjuro del Chamán o de plano, buscar un poderoso para que sea nuestro padrino.

Y comienzo: presenté una demanda, de esas de jurisdicción voluntaria que en lenguaje común significa que no tengo enemigo al frente y que solo quiero acreditar un hecho. El juez ordena la ratificación de los tres actores que yo llevo y también, de cuatro que se quedaron del acuerdo de donde hicieron copy-paste para dictar mi acuerdo. Es decir, quedaba yo obligado a llevar a ratificar a mi gente, los que me estaban pagando y además, a cuatro personas de las que solo tenía el nombre pero no ningún otro dato. Cuando fui a decirle al secretario, la respuesta fue: ─Así está el acuerdo. Claro, entré a hablar con el juez y se quiso disculpar, alegando que lo hizo un meritorio y como esos no cobran, pues no son responsables. Me pidió que promoviera para eliminarlos del acuerdo y no pasa nada. Y sí pasó. Fueron tres días hábiles perdidos para que me dictaran el acuerdo. Tres días perdidos, cuando tienes los tiempos justos.

En otra ocasión, fui con el actuario a notificar a una empresa. Obvio, el fedatario público hizo todo, yo solo proporcioné los medios de conducción. Hizo la diligencia de la que por supuesto, no me dio copia. Pasaron unos días y vía WhatsApp se dirigió conmigo a preguntarme en qué fecha habíamos notificado. Le dije la fecha y me comentó, todo se quedó grabado en mi celular, que los demandados querían copia de la notificación y que la iba a volver a hacer. Y lo hizo, pero les regaló dos días más. Claro, usted y yo sabemos que ese error fue meramente involuntario.

En otro asunto, el juez antes de radicarlo, ordena se encuentre al demandado y gira oficios de localización. Y comienzan a llegar las respuestas: las de los oficios tradicionales que yo llevé y las de los electrónicos que ellos enviaron. Cuando voy al juzgado a revisar cuántas respuestas hay, me encuentro con que en mi expediente, el que tiene número, nombre de partes, actuaciones, reconocimiento de personalidad pero no está radicado, tiene agregadas las actas de emplazamiento de otros dos expedientes diversos. Claro, al ir a quejarme y pedir que las eliminen pues según yo los abogados de esos asuntos han de estar buscando sus actas, me contestan así, con un dejo de aburrimiento: eso es responsabilidad de los de la unidad de medios de comunicación, no de nosotros. Allá presente su queja.

O cuando la justicia federal determina que las obligaciones entre patrones, como una venta de acciones de empresas o una sustitución patronal, deben ser responsabilidad y carga de la prueba del obrero, cuando toda la jurisprudencia dice lo contrario. Me imagino que como el asunto el juez lo vio sencillo, se lo encargó al meritorio en turno, quien utilizó palabras que ha visto pero que no sabe que significan. Al menos así sentí, pues no encontré ilación entre lo que dijo y lo que quiso decir, entre los considerandos y los resolutivos. Pero bueno, es un juez federal y está investido de todo el saber humano.

Y así podría irme hasta el infinito reseñando yerros judiciales. Si entre los médicos, los errores tienen nombre: iatrogenia, entre los abogados, ¿cómo les debemos decir? No, así no. Es contrario a la moral, a las buenas costumbres y al derecho.

Me gustaría conocer su opinión.

Vale la pena.


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