El Diccionario de la Real
Academia Española ofrece como significado, en segundo término, de la palabra
reformar la siguiente definición: Modificar
algo, por lo general con la intención de mejorarlo.
Nuestros diputados y
posiblemente los senadores, aprueben en estos días una reforma laboral que,
siguiendo el sentido de la palabra, habrá de modificar la ley laboral con la
intención de mejorarla.
Sin embargo, del análisis
de lo que ha aparecido como minutas del proyecto de reforma, aparece que la
intención de mejorar no establece en favor de quién habrá de ser esa mejora: si
del trabajador o del patrón.
Por definición propia y
como se encuentra dentro del marco del derecho social, el derecho del trabajo
debe ostentarse como garante de la seguridad del obrero y buscar, lo que la
propia Organización Internacional del trabajo, la OIT por sus siglas, ha venido
pugnando: establecer un salario decente.
Pero para establecer un
salario decente, habría que empezar por definir qué es decente, cómo lo
interpretan nuestros próceres legislativos y qué fin último es el que
persiguen.
La cantidad en pesos y
centavos de un salario decente, escapa y con mucho a la imaginación, pero no,
nunca puede ser de sesenta pesos diarios, suma que es insuficiente para
sostener una familia, desde el ángulo que se le quiera ver.
Ahora bien, muchos
patrones, me consta, podrían pagar más pero no lo hacen por el temor a las
repercusiones que trae aparejadas el importe del salario del obrero. Las cuotas
de seguridad social, que alcanzan niveles de escándalo, impiden que se les
cubra mejor salario. En el mejor de los casos, el patrón, en adición al sueldo
con que los registra en la seguridad social, cubre primas, bonos, estímulos y
otras figuras medio incomprensibles que escapan al salario para efectos
fiscales y de pago de cuotas obrero-patronales, prohijando con ello, el
gobierno, un auténtico fraude a la seguridad social.
El hecho de que el patrón
pague más de lo que reporta, no es culpa del empleador, es responsabilidad
directa del gobierno que, en su ceguera legislativa, es incapaz de encontrar
nuevas fórmulas para allegar recursos al seguro social y todo lo pretende
obtener del causante cautivo: el patrón.
Claro, al lastimar a
quien paga, el patrón, no habrá empleos ni seguridad social ni podrá generarse
riqueza.
¿Cuál será la solución?
Mejorar la Ley Federal
del Trabajo para que, de inicio, realmente regule los trabajos y no los
empleos. En la actualidad, la Ley Federal del Trabajo lo que realmente regula
son los empleos formales, pues reduce su protección a los que gozan de una
relación laboral formal, aun cuando pretenda definir que relación laboral y
contrato de trabajo son casi sinónimos y que el segundo es solo la expresión
escrita de la primera. Si el patrón le dice al obrero que no le entrega copia
del contrato por que no quiere, el obrero se aguanta. Tiene que comer. Y si no
lo da de alta en el seguro social, también se aguanta, por la misma razón.
Claro, ningún obrero en lo individual pelea capacitación y adiestramiento, ni
seguridad e higiene, ni todos y cada uno de los postulados hermosísimos que
contempla la legislación laboral pero que solamente unos cuantos patrones
cumplen. Claro, sirven para que los inspectores obtengan tajadas maravillosas y
también, para fincar responsabilidades al patrón, nunca a la autoridad, en caso
de siniestros. Así… ¿para qué queremos la ley, si no se aplica? Si no sirve ni
la actual ni la reformada ni la remasterizada ni la digitalizada ni de ningún
otro nombre… ¿qué debemos hacer? Y si aparece el sindicato a defender los
derechos de los obreros, lo menos que decimos de ellos es que son rojillos, que
no razonan, que son intransigentes, unos abusivos extorsionadores y cualquier
lindeza por el estilo. Y está el ejemplo de los del SME, que en mi opinión
deben ganar, pero que la prensa y el gobierno los han satanizado. Y no, nadie
defiende al trabajador.
Por tanto, se debe
ampliar la protección que brinda la seguridad social a la totalidad de la
población, con independencia de que tengan o no una relación laboral formal.
¡No se puede! Dirán de inmediato los que manejan los fondos. Es el sueño del
proletariado, dirá la voz de los de izquierda. ¡Herejía! Le toca decir a
algunos sectores plenamente identificados.
La realidad es que
otorgar seguridad social a la totalidad de la población es jurídicamente
posible, tecnológicamente sin trabas y constitucionalmente solo se requiere la
voluntad de quienes pueden decidirlo.
Trataré de explicarlo: La
fórmula es brindar a cada mexicano una tarjeta ligada al CURP que se utilice en
cada operación gravada con IVA para que el equivalente a tres puntos de IVA se
apliquen en favor de la seguridad social de cada uno de los ciento siete
millones de mexicanos, de tal suerte que se deberán crear igual número de
cuentas tipo bancarias, que sean de seguridad social, donde se depositen esos
fondos. Cada individuo en lo particular, tendrá sesenta y cinco años para
acumular fondos y garantizar su propio sistema de ahorro y seguridad social con
independencia de que tenga o no, una relación laboral formal. Cuando ingrese a
un sistema formal, podrá juntarlo con sus saldos. Al separarse, se llevará el
saldo y así lograremos la, hasta ahora, imposible, portabilidad de los sistemas
de pensiones.
Cuando compre una empresa
de derecho privado, los fondos se acumularán en favor de la empresa y servirán
para pagar impuestos de seguridad social.
Cuando compre el
gobierno, el nivel que sea, se aplicará en una cuenta concentradora para
garantizar la seguridad social de los que nunca compran, de los que ya tengan
los sesenta y cinco años cumplidos al inicio del sistema y de quienes no
alcancen un mínimo.
Cada punto de IVA
representa en la actualidad, aproximadamente cien mil millones de pesos. Cifra
suficiente para garantizar y otorgar las pensiones que se requieren en la
actualidad en México. Cuando se inició la presente propuesta, el punto de IVA
alcanzaba apenas cuarenta y cinco mil millones de pesos. Ha crecido.
Ayudaría a tener un
control real de los gastos de cada uno, sería suficiente para tener ciento
siete millones de inspectores de Hacienda verificando que se cobre realmente el
IVA, reduciría la evasión y elusión respecto del propio IVA y además, ayudaría
a generar ahorro interno del orden de doscientos mil millones de pesos anuales.
Ya está publicado, ya
está en la red, ya conocen la propuesta: académicos, legisladores, estudiantes
y muchos mexicanos más, así como personas de otras latitudes.
Lo único que falta es una
voz que la haga valer y claro, la suma de muchos mexicanos que inviten a sus
legisladores a proponerla y apoyarla. Es una idea que le sirve a México.
Vale la pena.
Me gustaría conocer su
opinión.
José Manuel Gómez Porchini.
Director General
Calmécac Asesores Profesionales S.C.
Comentarios: jmgomezporchini@gmail.com
Fuentes a consultar:
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