domingo, 7 de marzo de 2021

Dra. Ana María Alvarado Larios

 

José Manuel Gómez Porchini / México debe salir adelante

jmgomezporchini@gmail.com/     http://mexicodebesaliradelante.blogspot.com

 

Ana María Alvarado Larios es doctora en derecho por la Universidad de Navarra, España y Licenciada en Derecho por la Universidad de Monterrey, lo que representa un logro más de los muchos que la visten.

 

Fue la primera mujer Directora del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el Tec de Monterrey y demostró que la valía y los conocimientos nada tienen que ver con el género y sí, mucho, con la voluntad y entrega apasionada a lo que se está haciendo.

 

Ha participado en diversos encargos en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, revisando entre otros temas, lo relativo a las elecciones.

 

La conocí recién ingresé a impartir cátedra en el Tec de Monterrey y en los casi diez años que tuve el honor de pertenecer al Departamento de Derecho, solo he obtenido de ella atenciones y gestos de amabilidad. Y desde nuestro primer encuentro, descubrí la alegría por la vida que la distingue y su forma tan peculiar de hacer las cosas.

 

Va como ejemplo que siendo Directora, invitó a la posada del Departamento y por supuesto, hubo lo tradicional pero lo más importante, ¡hubo piñata! Y ahí nos tiene, a los maestros de planta y de cátedra, por igual, haciendo fila para tratar de pegarle a la piñata… una situación que, por cierto, hace años que nadie me invitaba a hacer.

 

La opinión de sus alumnos es que es estricta pero muy humana, opinión que quien la conoce, comparte. Ahora que el 8 de marzo de 2021 recibe el Premio Mujer Tec en la categoría de Ciudadanía con Perspectiva de Género, quiero sumarme a las voces que la han felicitado y que lo siguen haciendo.

 

Va pues mi reconocimiento a la visión y compromiso de la Dra. Alvarado con su tarea de vida, que ha sido abrir el camino para que cada día más mujeres sigan sus pasos y tomen el lugar que la vida pretendiera negarles por el solo hecho de ser mujeres.

 

¡Muchas felicidades de todo corazón, Dra. Ana María!

 

José Manuel Gómez Porchini

 

www.mexicodebesaliradelante.blogspot.com

josemgomezp@hotmail.com

 

 

 

jueves, 20 de febrero de 2020

De laudos, resoluciones y sentencias



José Manuel Gómez Porchini / México debe salir adelante

La ley de amparo en vigor establece que el amparo directo procede contra laudos, resoluciones y sentencias que pongan fin al juicio. Es decir, para la ley, esos tres términos no son sinónimos y entonces, debe entrar el estudioso a explicar la diferencia, si la propia ley los equipara como la actuación procesal que permite que el asunto se ponga en conocimiento de la autoridad jurisdiccional federal vía amparo directo.

Desde el punto de vista procesal, la diferencia estriba en quién emite el acto reclamado: Si es laudo, procede de un árbitro; si es resolución, de un procedimiento seguido en forma de juicio dictado por una autoridad administrativa; y si es sentencia, es emitida por un juez. En la forma, esa es la diferencia. En el fondo, no hay nada que los distinga, pues los tres actos procesales indicados, son los que dirimen una controversia y ponen fin al procedimiento.

Ahora bien, se ha acusado a jueces, autoridades administrativas y órganos arbitrales, entre ellos, las juntas de conciliación y arbitraje, de apartarse de la legalidad, de incurrir en prácticas corruptas o de ser indolentes.

Sin que mi intención sea desmentir esa opinión, pongo sobre la mesa lo siguiente: México ha aportado al mundo una institución jurídica de capital importancia, que se denomina juicio de amparo y que tiene como finalidad, volver las cosas al estado en que se encontraban antes de que una autoridad, de cualquier tipo, cometiera una violación procesal en su contra.

Me explico: si usted tiene un juicio de cualquier índole, ante cualquier tipo de autoridad y ésta, comete en su perjuicio alguna corruptela, dilación, mala praxis o lo que sea, usted está en su completo derecho de impugnar vía amparo ese acto contrario a la ley.

Eso dice el derecho objetivo, es decir, el que está plasmado en los códigos y leyes, en los libros.

La realidad es que muchos abogados, de los que patrocinan litigios ante las diversas autoridades jurisdiccionales en el país, critican al juicio de amparo como muy técnico, como muy rigorista, como una medida extrema y prefieren no utilizarlo.

Algunas autoridades, especialmente los jueces del fuero común y de tipo administrativo, cuentan con un superior jerárquico que debe conocer de los recursos que se presentan en contra de los actos procesales, existiendo lo que se denomina “segunda instancia” en los juicios o procedimientos. Los asuntos que se manejan ante árbitros tienen la peculiaridad de que no admiten apelación y, por lo tanto, los laudos son definitivos. No procede recurso alguno. Así lo establece la ley. Pero reitero, existe el juicio de amparo contra las arbitrariedades o abusos de la autoridad.

Ahora bien, si a lo largo del procedimiento ante la autoridad de primera instancia, se cometieron en su contra abusos o violaciones procesales, la parte que perdió, por conducto de su apoderado legal tiene expedita la vía de acudir al juicio de amparo para impetrar la protección federal y así, eliminar la violación cometida y lograr un laudo, resolución o sentencia que se apegue a la ley.

Sin embargo, si en el procedimiento, el abogado no hizo valer en los términos de ley tal o cual defensa o no opuso excepciones o dejó de citar la jurisprudencia que le favorecía, no puede culpar, válidamente, al juzgador por ese yerro. Y así, aún cuando recurra al amparo, no obtendrá la protección federal por no haber hecho las cosas de manera correcta desde el inicio y eso, no es responsabilidad del juzgador. Es yerro de los litigantes.

Ahora, desde la óptica del juzgador, cuando se tiene la oportunidad de conocer los asuntos ya con ánimo de decidir actuando de buena fe, apreciando los hechos en conciencia y buscando actuar de la mejor manera para conciliar los intereses de las partes, de pronto aparecen asuntos que llaman poderosamente la atención. Y los cito: audiencias en las que uno de los litigantes no exhibe su cédula profesional “porque se le olvidó” y su contraparte hace valer un incidente de falta de personalidad. Por supuesto, que va a proceder y el que olvidó llevar su documento, dirá que la autoridad está “vendida” con la parte contraria.

O aquél que olvidó controvertir el reclamo de diez o quince años de pago de aguinaldos, según porque en la ley aparece que prescribe en un año, olvidando que no es figura que la autoridad pueda hacer valer en suplencia de la defensa defectuosa de las partes. Y obvio, habrá condena a diez o quince años de pago de aguinaldos, según lo haya pedido el reclamante, porque al no existir una excepción ni su fundamento, la autoridad no puede aplicar o introducir a los autos lo que no existe. Ese litigante dirá que la autoridad está del lado del trabajador, cuando lo único que se hace es aplicar la ley. Y obvio, si con ese antecedente acude al juicio de amparo, le será negado, pues si no lo hizo valer en el juicio natural, no podrá ser tomado en consideración en el de amparo, a pesar de que, en éste, haga una defensa maravillosa con una explicación muy bien fundada de por qué no debería condenarse a cierta prestación. El “hubiera” no existe.

Así, en ese sentido, existen casos en los que las partes han litigado contra el contrario y en contra de su propio abogado.

Luego entonces, si la última palabra para decidir un asunto en México está en manos de la autoridad de amparo, que es federal, ¿por qué se sataniza a los tribunales de primer grado?

Creo que se impone una revisión a fondo de la práctica jurídica en nuestro país, para deslindar las responsabilidades a quien le correspondan. Ni todos los jueces son corruptos, ni todos exigen poltronas de lujo.

Me gustaría conocer su opinión.

Vale la pena.


José Manuel Gómez Porchini





lunes, 21 de octubre de 2019

Variaciones a mi propuesta de seguridad social.


José Manuel Gómez Porchini / México debe salir adelante

En la sección Cartera del periódico El Universal del pasado 09 de septiembre de 2019, aparece la nota intitulada: ¿Tienes Afore? Puedes ahorrar comprando entradas al cine, tiempo aire y videojuegos. 

Ya al ir leyendo la nota, aparece que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), presentó el programa GanAhorro, con el que ofrecen a los trabajadores que podrán ahorrar directamente a su cuenta de afore al comprar boletos de cine, recargas de tiempo aire, café, videojuegos y otras opciones.  

Abraham Vela, presidente de la Consar, dijo que este método de ahorro es único en el mundo y que busca incentivar (sic) el ahorro voluntario en las Afores, ya que, si bien ha crecido, solo representa el 2.2% del total administrado. 

El citado presidente de la Consar explicó que los ahorradores que utilicen la plataforma podrán obtener ahorros del 5 al 30% del costo del producto. 

Como requisito para el funcionamiento de la App Afore Móvil, deben instalarla los que tengan Afore y los que no, la aplicación les permite abrir una cuenta de Afore. 

Detallan los pasos para tener acceso a los beneficios y aclara que, en descuentos mayores a 50 pesos, la plataforma hace el depósito directamente y si la cantidad es menor, se mantiene como saldo guardado y a fin de mes se deposita en la cuenta de Afore. 

Señalan también que GanAhorro ya tiene a 20 empresas participantes y las identifica, así como hace el pronóstico de que más empresas habrán de sumarse en los próximos meses. 

Hasta ahí parafraseo la nota de El Universal de 09 de septiembre de 2019. 

Ahora bien, para poder indicar con propiedad que es una variación, por cierto, muy mala, a mi propuesta de seguridad social para todos, debo hacer énfasis en lo siguiente: 

1.- GanAhorro exige una cuenta de Afore. Mi propuesta pide CURP para las personas físicas y RFC para las personas morales, por lo que es abierta a toda la población y no solo a quien tenga cuenta de Afore. 

2.- Abraham Vela, presidente de Consar, indica que es único en el mundo y ahí le concedo razón. Aclaro que tengo registro de propiedad intelectual desde 2004 acerca de la propuesta, la forma de funcionamiento y los medios para tener acceso. 

3.- Indica el ya citado presidente de Consar que los ahorradores podrán obtener ahorros del 5% al 30% del costo del producto. Con mi propuesta, se toman dos o tres puntos de IVA y no se afecta al productor o comerciante. Es impuesto general y no solo para empresas participantes. 

4.- Con GanAhorro, los descuentos mayores a 50 pesos los abonan directo, los menores los guardan hasta fin de mes. Con mi propuesta, al realizar cualquier compra que tenga IVA, el equivalente a dos o tres puntos de IVA se abona en automático en la cuenta del usuario, al que solo se le pide CURP o RFC, según sea el caso, con independencia de que tenga o no una relación laboral formal.   

4.- GanAhorro ya tiene a veinte empresas y las detalla, así como prometen incluir a más en los próximos meses. Es decir, es una cuestión particular sin claridad en el manejo de fondos. Mi propuesta, es ley general, que incluye a todos: personas físicas, personas morales de derecho privado y social; y, personas morales oficiales (léase cualquier tipo de gobierno). Es decir, cualquier persona, por el solo hecho de participar de la sociedad, tiene derecho a seguridad social mediante el Impuesto de Aportación de Seguridad Social Indirecto, que ya he comentado con usted, mi querido lector, propuesta que está a sus órdenes en mi blog México debe salir adelante, así como en muchos sitios de internet. 

Las leyes no tienen derechos de autor. Las propuestas, sí. Lo interesante será hacer una sinergia que permita ganar-ganar, tanto a Consar como a la población abierta y al autor de la propuesta.

Me gustaría conocer su opinión. 

Vale la pena. 

martes, 11 de junio de 2019

Fibras sintéticas y naturales




José Manuel Gómez Porchini / México debe salir adelante

Hay en el mundo una creciente tendencia a generar menor contaminación. La gente busca cómo hacerle para que los desechos, lo que ya fue utilizado, cause menos problemas al medio ambiente.


Y sí, existe una guerra frontal en contra de los plásticos. Botellas de agua, envases de refresco, arillos de bebidas, bolsas de supermercados y otros contaminantes han sido blanco de ataques frontales de la sociedad, en especial, de los miembros de redes sociales con gran influencia entre los demás.

Sin embargo, hace unos días me hacían una observación, por cierto, muy válida: nadie está atacando a las prendas de vestir que contienen derivados de petróleo. Le aclaro, por si usted no tenía el dato, que el nilon o naylon, proviene del petróleo y obtuvo su popularidad al ser un material que puede convertirse en telas que, con su integración, ya no requiere planchado.

Desde tiempos inmemoriales, el vestido del ser humano ha provenido de pieles y al tiempo, de hilar algodón, sedas, lana de borrego; fibras de coco, henequén, lino, cáñamo y muchas más. Vale la pena recordar a la lechuguilla, llamada también ixtle, que fue una industria completa en la zona del Cuarto Distrito en Tamaulipas, pues crece con poca agua, soporta la sequía y tiene un sinfín de utilidades: medicinales, químicas y para la elaboración de hilos.  Sin embargo, han pasado a la historia pues tanto para teñirlas como para moldearlas, se requiere mayor esfuerzo que con las fibras sintéticas.

Ahora, que ya está de moda ser “amigable” con el planeta, comienzan los principales diseñadores a regresar a las fibras naturales como expresión de buen gusto.

Jamás una tela de material sintético, va a tener la frescura del algodón; nunca unos hilos sintéticos podrán igualar la suavidad de la seda; cualquier plástico es menos resistente que un cabo de ixtle. No hay material sintético que alcance el valor de un petatillo de oro, tejido en filigrana.

Esto último lo descubrieron quienes atracan barcos en los muelles. Los cabos de plástico, por más gruesos y de mayor cantidad de hilos que tengan, al reventarse el primero, los demás siguen casi de inmediato y se pierde la cohesión, llevando la cuerda a romperse. En cambio, un mecate de ixtle soporta mucho más y cuando se va reventando uno, los demás siguen con la función de mantener unido el cabo, como si la naturaleza quisiera enseñarnos que sabe hacer las cosas mejor que el hombre. 

En consecuencia, lo que ahora se impone es regresar a lo básico, a lo que la madre naturaleza nos brinda y buscar la lana de las ovejas, la seda de los gusanos, el ixtle de la lechuguilla y las redes de palma. Son más frescas, aguantan más y son muy bonitas. Claro, a veces no tienen los destellos de las fibras sintéticas, pero recuerde usted que lo natural no contamina.

Me gustaría conocer su opinión.

Vale la pena.

José Manuel Gómez Porchini











martes, 23 de abril de 2019

Derecho Laboral 4.0



José Manuel Gómez Porchini / México debe salir adelante


En el devenir histórico, el derecho laboral inicia en los últimos dos o tres siglos, cuando otras áreas del derecho tienen antecedentes de más de dos mil años. En efecto, el Derecho Romano, aquel que se manejó en la antigua Roma, ha servido de base y fundamento para la inmensa mayoría de las teorías jurídicas de la actualidad, habiendo dado nombre a las acciones, las excepciones, las figuras jurídicas y gran parte del saber que tiene relación con el derecho actual. 

Sin embargo, la materia laboral prácticamente no existía. Desde siempre, el ser humano fue considerado botín de guerra, esclavo, siervo, colono o con algunos otros nombres pero siempre sin derecho a dignidad, a reconocimiento a su valía como persona y mucho menos, con derecho a condiciones de vida aceptables. 

Empero, el tiempo y los avances culturales, fueron logrando ese despertar del obrero que permitió que el campesino, el hombre rural, que tenía todo al alcance de la mano en el campo pero que carecía de la seguridad en la tenencia de la tierra, pues nunca fue dueño de nada, mutara su vida a las ciudades a buscar trabajar en las incipientes fábricas que fueron impulsadas por lo que se ha llamado la Revolución Industrial, que tiene su origen en la Spinning Jenny y las máquinas de vapor, que es lo que ahora los estudiosos han dado en llamar Industria 1.0 y por lo que a nosotros nos interesa, sería el Derecho Laboral 1.0 que comienza a brindar los primeros derechos a los trabajadores de las fábricas. 

Al tiempo, la Segunda Revolución Industrial o Derecho Laboral 2.0 se da cuando surge la línea de producción, el método diseñado por Henry Ford para tener producción en masa, mucho más eficiente que el trabajo artesanal. Obvio, los obreros ya comienzan a darse cuenta del valor que tienen. 

Al paso de los años aparecen las TIC´s o Tecnologías de la Información y la Comunicación, que produjeron un gran cambio en la forma de hacer la vida y que hace un momento, en el tiempo, es lo que nos estaba tocando vivir. Ya existen los grandes sindicatos, ya el obrero tiene derecho a seguridad social, a salarios más o menos dignos, ya hay servicio médico para el empleado y su familia. En pocas palabras, ya aparece la vida como la conocemos. Esto es lo que se ha conocido como la Tercera Revolución Industrial o Derecho Laboral 3.0.

Sin embargo, ahora estamos viviendo una nueva forma de hacer las cosas en la que si no estamos muy atentos, de pronto la vida y su realidad nos van a dejar muy atrás en todos los sentidos. 

Lo que ahora se denomina Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0 y por extensión, Derecho Laboral 4.0, lleva aparejados cambios en la materia laboral que aún no queremos reconocer pero que ya están ahí. 

La figura del obrero entrando con el silbato de la fábrica, que por muchos años fue la protagonista de las relaciones laborales en las que el patrón arropaba a sus obreros y estos, en correspondencia, entregaban el alma por la empresa, ya no existen más. 

Ahora, un año es demasiado tiempo para los jóvenes que buscan cambiar de trabajo lo más pronto posible, aduciendo cualquier cosa pero siempre, con la idea de ganar un peso más en otra parte. Y la realidad, es que se saben vender y muy bien, pues cada día escucho con fruición, las voces de los jóvenes que consiguen “el empleo de sus sueños” cuando en realidad, van por puestos de trabajo cada vez más precarios. 

En este Derecho Laboral 4.0 el obrero no requiere presencia física en la empresa, lo que a quienes crecimos con aquello de que la relación laboral existe siempre con las premisas de subordinación y el pago de un salario nos parece imposible. Ya no se da la subordinación pues el “obrero” ahora trabaja desde su casa, tiene horario de más o menos las siete y hasta las once para entrar, saliendo desde las dos o tres y hasta las nueve o diez de la noche. Es decir, existe una casi completa libertad para que realicen sus labores sin supervisión alguna. Eso para mí, sigue siendo algo increíble. 

Los que crecimos con la idea de lograr algún día el beneficio planteado por Otto Von Bismarck, que es la que se ha conocido como la reina de las prestaciones laborales, la pensión o jubilación, nos sorprendemos cuando escuchamos el desdén que muestran hacia arcaicos conceptos como antigüedad, derechos preferentes, tiempo de servicios y otros que solo tienen cabida en el mundo del derecho laboral que ya está dejando de ser. 

Cuando surgieron las empresas de tercerización o más conocidas por su nombre en inglés de Outsourcing, no faltaron quienes como yo gritamos “sacrilegio” al observar cómo los derechos laborales: reparto de utilidades, antigüedad de empresa y otros, pasaron a un tercer o cuarto plano frente a las necesidades laborales del nuevo mundo: menor pago de impuestos, horarios flexibles, la no subordinación y mucho más. 

De hecho, el paradigma de vida que consiste en recibir educación, luego trabajar y al final, optar por una jubilación, ya no es más el ideal de vida de los jóvenes. 

Ante esos nuevos retos, ante lo que ya es el Derecho Laboral 4.0 debemos buscar la forma de lograr que la gente, toda, tenga derecho a los mínimos derechos laborales que se pueden conseguir. 

Y para muestra, la Seguridad Social. De nada sirve trabajar para un patrón determinado muchos años o andar por la “libre”, si al final de la vida laboral no se alcanza la tan anhelada jubilación. Dado que en nuestro México coexisten muchos sistemas de seguridad social y cada uno con sus propios requisitos y sin posibilidad de una real portabilidad de los derechos de antigüedad de uno a otro sistema, es que la gente prefiere un empleo en el que perciba mejor ingreso en efectivo que los derechos de seguridad social. Por eso ahora, ya no quieren ser ni obreros ni empleados. Buscan palabras horrorosas como asociado, que según da más prestigio pero que en realidad, no concede derecho alguno. 

Y para el tema de la seguridad social y el inevitable cambio del dinero en efectivo, por cierto, carísimo en su manejo, ya tenemos el dinero plástico y las tarjetas de crédito, mientras que para la jubilación, está la propuesta que he dado a conocer y que consigue que cada uno sea titular de su propia cuenta de seguridad social, que permite un sinfín de posiblidades de laborar y que al final, en realidad otorga la pensión. Recuerde usted que ya está diseñado, ya lo he presentado en múltiples ocasiones y está al alcance de un “clic” buscando: seguridad social Gómez Porchini. Así de fácil. Este es el nuevo Derecho Laboral 4.0. Ya está vigente y lo demás, va quedando obsoleto.  

Me gustaría conocer su opinión. 

Vale la pena. 

José Manuel Gómez Porchini


domingo, 21 de abril de 2019

Llora conmigo, porque yo, lloro solo.



Llora conmigo, porque yo, lloro solo.

Te dije una noche dura

Cuando lloraste en mi hombro

Llora conmigo, porque yo, lloro solo.


Y tú, con gran ternura

Mirándome a los ojos

Estoy contigo, clamaste

Y lo prueba, que estamos juntos.


Callé, te oí llorar

Calmé mi llanto

Faltaba mucho para despertar


Y hoy, como siempre

Mi hombro está dispuesto y mi corazón abierto para ti

Llora conmigo cuanto quieras, porque yo, lloro solo.



José Manuel Gómez Porchini

miércoles, 17 de abril de 2019

El M.I.R. y sus efectos



José Manuel Gómez Porchini / México debe salir adelante


México como país, creció muchos años bajo la estructura de un liderazgo cupular o corporativista, es decir, acatando las instrucciones que salían de una sola persona y así aprendió a vivir. 

De pronto, derivado de las luchas políticas y de la apertura que han propalado un mayor conocimiento en algunos factores de poder y con el apoyo de las ahora sumamente importantes redes sociales, han cambiado las estructuras de mando y existe cada vez con mayor fuerza, la intervención de algunos sectores de la sociedad civil en las opiniones que rigen a los pueblos. 

Ahora, de pronto advierto que las órdenes del gobierno, de sindicatos y de los supuestos “factores reales de poder”, han quedado rebasados por la acción de la gente, que lucha por diversas propuestas, no todas legales o válidas, pero si, todas con arraigo entre la población. 

El origen del problema no es de hoy. Se vino incubando desde hace muchos años y todo, con la complacencia de autoridades de los más diversos estratos de poder: federales, locales y municipales. 

Ya sentadas las bases del problema a nivel global, ahora voy a tratar de explicar, en la parte que nos interesa como estudiosos del derecho laboral, los problemas jurídico-laborales que a últimas fechas han aquejado a nuestro país. 

Lo más común en nuestro México es encontrar empresas pequeñas y medianas, por decir de hasta cien trabajadores, que carecen por completo de toda estructura formal de organización y que han crecido como las enredaderas: a la buena de Dios y sin ningún control. Me sigue llamando la atención enterarme que el propietario de la fábrica me diga que no sabía que tenía que pagar con recibos timbrados por el SAT o que me digan que no es necesario dar de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social a todos los trabajadores o que, para no pagar el impuesto sobre nóminas, paguen sus salarios en efectivo. Creo que lo que más me asombra es que piensen que así, no tendrán problemas legales pues el trabajador no tiene manera de acreditar su dicho, cuando lo cierto es que la empresa les proporciona gafetes, depósitos bancarios, cartas de recomendación, constancias de salarios y muchos elementos adicionales que sirven para acreditar la relación laboral. Lo que sigue: monto del salario, pago de vacaciones, horario de trabajo y demás, es carga procesal del patrón y por eso es que pierden las demandas. 

El gobierno mexicano, en un afán de recuperar el valor del salario mínimo y solo del mínimo, en la Resolución de 01 de diciembre de 2016 que fijó los salarios a partir del 01 de enero de 2017, introdujo el Monto Independiente de Recuperación, MIR por sus siglas, como un componente más para la integración del salario mínimo general, aclarando que solo al mínimo general habría de incorporarse y no a los demás salarios mínimos profesionales que también se discuten. En ese caso, el salario vigente a partir de 2017 se compuso del salario anterior, $73.04 más el MIR por $4.00 y un incremento de 3.9% lo que llevó a un total de $80.04 diarios. 

El año siguiente, vigente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, se utilizaron como componentes del salario los siguientes: el salario mínimo anterior de $80.04 más el MIR de $5.00 más el porcentaje de incremento salarial de 3.9%, nos lleva al salario de $88.36.

Este año pasó el salario en la frontera de $88.36 a $176.72, de los cuales $88.36 es el salario anterior; $79.94 el MIR; y, sumados dichos componentes alcanzan la cantidad de $168.30 a los que se les aplica un 5% de incremento para llegar a los $176.72.

En el interior de la república, el salario mínimo quedó en $102.68, de los cuales $88.36 es el salario anterior; $9.43 el MIR; y, sumados dichos componentes alcanzan la cantidad de $97.67 a los que se les aplica un 5% de incremento para llegar a los $102.68.

Del análisis de lo expuesto tenemos que el salario mínimo y solo el salario mínimo tuvo como apoyo el monto independiente de recuperación, de $79.94 en la zona fronteriza y de $9.43 en el interior de la república. 

Sin embargo, como si aún estuviéramos en una sociedad corporativista, desde la más alta esfera de poder se publicó que el incremento salarial para el 2019 era del cien por ciento, cuando ya ha quedado demostrado que fue de solo un 5%.

Ahora bien, ¿cuál es el problema de fondo?

La costumbre de hacer todo atendiendo la orden superior y no razonar lo que se está haciendo. También, pretender obtener un beneficio que, si bien puede ser legal, no es ético. Y lo aclaro.

Las empresas, en el juego de fijar los salarios con los trabajadores, buscan cubrir lo menos posible y por supuesto, buscan no cubrir los impuestos correspondientes. Así, algunas maquiladoras pactaron una cláusula con el sindicato de que el incremento salarial, para no impactar los tabuladores, lo pagarían en una sola exhibición al inicio del año. Claro, como los salarios de los empleados de maquiladora son superiores al mínimo y los últimos años los incrementos solo habían sido del tres o cuatro o cinco por ciento, con facilidad lo absorbían las empresas y así, no subían el tabulador en el porcentaje decretado de incremento a los salarios mínimos. 

Todavía los dos años anteriores, cuando ya existía el MIR o monto independiente de recuperación, pero en cantidades exiguas, las empresas lo absorbieron y lo incluyeron en el bono anual. De 73 a 80 y de 80 a 88, no son cantidades que impresionen a nadie. El bono fue de $2,555.00 y $2,920.00 respectivamente. 

Este año, de haber seguido lo que establece el decreto de 26 de diciembre de 2018, que claramente estipula: 1) Es una cantidad absoluta en pesos. 2) Su objetivo es única y exclusivamente contribuir a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo general. 3) No debe ser utilizado como referente para fijar incrementos de los demás salarios vigentes en el mercado laboral (salarios contractuales, federales y de la jurisdicción local; salarios diferentes a los mínimos y a los contractuales; salarios para servidores públicos federales, estatales y municipales; y demás salarios del sector informal); solamente se hubiera otorgado un bono por el porcentaje de incremento a los salarios mínimos, sin considerar el MIR, por el que debió ser de $3,073.00 el bono anual. 

Sin embargo, como no hubo quién pudiera razonar y explicar las bondades del decreto, amén de que se dijo en todos los niveles que el incremento salarial fue del 100%, lo que ya se vio es falso, la gente comenzó a reclamar un aumento general del cien por ciento a todo tipo de plazas y tabuladores. Se logró contener el incremento del cien por ciento a cambio de otorgar no el que proponían las empresas del siete o el ocho por ciento, dos o tres puntos arriba del porcentaje decretado al salario mínimo del cinco por ciento pero mucho menos del que al final se obtuvo, del 20 por ciento. 

En cuanto al bono, que sí estaba pactado, los obreros comenzaron a exigir el pago considerando como valor el incremento del cien por ciento a los salarios mínimos, lo que los llevó a los treinta y dos mil pesos que, junto con el incremento del 20%, fueron la base para la reclamación de la consigna y el movimiento 20/32 en Matamoros y que amenaza con difundirse a otras partes. 

Fue la base trabajadora, los obreros, los que rebasaron a sus líderes y a los representantes de las empresas. Ya estaban dadas las condiciones en cuanto a la caída del sistema corporativista y la creencia de que ahora existe una verdadera democracia; así, cualquiera que endulzara los oídos del pueblo obtendría sus favores y sucedió. 

El mérito es de la gente y la responsabilidad, de las empresas que, pretendiendo escamotear los derechos de seguridad social vía pago de bonos y no de salarios que impacten en las cuotas y aportaciones a la seguridad social, ahora se enfrentan a una realidad que, si bien no es legal, si se acerca a lo justo. 

Me gustaría conocer su opinión. 

Vale la pena. 

José Manuel Gómez Porchini