José
Manuel Gómez Porchini / México
debe salir adelante
El artículo
157 de la Ley de Hacienda para el Estado de Nuevo León, por el que se
incrementa la tasa del Impuesto sobre Nóminas del 2% al 3% fue publicado en el
Periódico Oficial del Estado en el Decreto Número 037 de fecha 31 de diciembre
de 2012 y en vigor a partir del 1º de enero de 2013.
Es
decir, conforme a los tiempos de la legislación de amparo, puede impugnarse
dentro de los primeros 30 días de haber iniciado su vigencia o dentro de los
quince días del primer acto de aplicación en perjuicio de alguna persona.
En
nuestro caso, la nota va encaminada a destacar la indignación, la molestia y el
sentimiento de repulsión que obtuvo la medida que se indica entre los
organismos empresariales, capitanes de industria y aquellos que manejan el pago
de salarios a favor de trabajadores.
Se
le llama impuesto al acto por el cual el gobierno obliga al particular a cubrir
determinadas cantidades para sufragar los gastos del propio gobierno.
Cuando
un particular deja de contribuir en la medida de sus posibilidades o de las que
le señale la ley, de inmediato se torna en un evasor de impuestos, lo que
significa pena de prisión, sin mayor miramiento.
Sin
embargo y aquí es donde aparece el interés por participar del debate surgido, ¿qué
hacer cuando todos los súbditos o gobernados entienden que el impuesto que se
pretende cobrar es injusto? Es decir, ¿cómo debe comportarse el particular ante
la orden de autoridad ajena a un recto proceder, como ha denominado la Suprema
Corte a quien se aparta de la conducta correcta?
En
la especie, incrementar del 2 al 3 por ciento el monto del impuesto sobre
nóminas, además de que de fondo no resuelve en modo alguno la situación de las
finanzas del estado, sí logra generar un clima de molestia entre la población,
llámese sindicatos, cooperativas, patrones y aún entre los propios funcionarios
gubernamentales, que a sotto voce han
manifestado su descontento con la medida.
Y
así habrá de ser. Mientras el gobierno, el que sea, utilice la capacidad de
recaudación vía impuestos para satisfacer necesidades que no son del todo
legítimas, mientras no exista la tan anhelada transparencia en la cosa pública,
no podrá haber una buena recepción a las disposiciones recaudatorias que los
gobernantes inventen.
Por
supuesto, la medida está dirigida, aún cuando no sea la intención de quienes la
inventaron, a terminar con las micro, pequeñas y medianas empresas del estado,
aquellas a las que por otra parte se les trata de apoyar con programas del
mismo gobierno.
Las
grandes empresas ya resolvieron el problema: sacaron la nómina del estado y
ahora, ya no pagan ni el tres, ni el dos ni nada de impuestos por concepto de
nómina.
La
pregunta es: ¿Acabar con la planta productiva por medidas torpes, será lo que
requiere el estado?
Vale
la pena. Me gustaría conocer su opinión.
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