José Manuel Gómez Porchini / México debe
salir adelante
Desde siempre se
ha sabido que los empleados de gobierno gozan de grandes privilegios: préstamos
a pensiones… bueno, así se llamaban antes, ahora son al ISSSTE; vacaciones
pagadas de 20 días al año cuando menos; pensiones que sí aparecen en la Constitución,
en el apartado B del artículo 123, pues las pensiones de los mortales, de los
empleados de empresas privadas, no aparecen a nivel constitucional. Si acaso,
en la Ley del Seguro Social o en contratos colectivos o en reglamentos de
trabajo, pero no tienen origen en la Carta Magna.
Por todo ello, a
los empleados de gobierno siempre se les ha considerado una casta aparte, una
especie de iniciados que gozan de grandes privilegios.
Sin embargo,
desde hace muchos años, algunos jefes han tenido por bandera demostrar que
hacen mucho, que trabajan grandes jornadas y obvio, el empleado de menor rango
es el que queda desprotegido.
El jefe se retira
a las cuatro o a las seis, pero deja encargado de la oficina “por lo que pueda
necesitarse” a un subjefe, que quiere demostrarle al jefe que también él sabe
hacer las cosas bien y entonces, obliga a todos los empleados a quedarse hasta
las ocho, nueve o diez de la noche, “por lo que pueda ofrecerse”. Claro, la
paga es buena, las prestaciones también…
Y así ha sido
tanto en el sector central como en las paraestatales y en los gobiernos
estatales. Pero lo peor, el exceso en el abuso a los trabajadores lo encontramos
en los empleados del Poder Judicial, ya local, ya federal. Es proverbial que en
los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, se entra a las ocho o nueve de la
mañana, pero no existe horario de salida… pueden ser las once, las doce, la una
de la mañana del día siguiente y ahí están, firmes, pensando que así van a
demostrar ser el mejor empleado. También, en quienes sin ser miembros del Poder
Judicial atienden procedimientos seguidos en forma de juicios, pues ellos
tratan de demostrar que son los que más trabajan.
Las Juntas de
Conciliación y Arbitraje federales y locales son el mejor ejemplo de cómo no se
debe obligar a los trabajadores. Vaya usted a casa cualquiera de las juntas,
tal vez alguna se escape, no la conozco, y revise medidas de seguridad. No tienen.
Busque salidas de emergencia. No tienen. Las que tienen, las tienen
clausuradas. Busque usted servicios sanitarios. No existen, ni para los
empleados ni para el público. Revise la densidad de personas permitidas y podrá
darse cuenta que se exceden en el doscientos o más pues siempre parecen
mercado.
Lo mejor, la
cereza en el pastel, la encontramos ahora en las Juntas de Conciliación y
Arbitraje de Reynosa, en Tamaulipas. Están cerradas por el paro al que los
empleados tuvieron que llegar. ¿Y cómo no, si les suspendieron los sueldos?
De hecho, los integrantes
de la junta son los encargados de velar porque los salarios se paguen en
tiempo, completos, sin descuentos contrarios a la ley y todo eso.
A los empleados
de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de Reynosa, simplemente los dejaron
sin salario. Así de fácil. Obvio, no hay ni habrá responsable. Usted disculpe,
fue error del de sistema. No hay problema, no volverá a suceder.
Cualquier disculpa
que les brinden los funcionarios de la Secretaría del Trabajo con sede en
Ciudad Victoria, será insuficiente para quienes tienen hijos menores que piden
alimento. No hay excusa alguna válida frente a los depredadores de los salarios
que son los bancos, cuando usted no paga a tiempo, “porque el de sistema no
operó las pólizas”. No se vale.
Ahora, en este
momento, está el paro de labores. Lo que sigue es que los corran a todos, que
ofrezcan una disculpa o que les paguen y aquí no pasó nada. ¿Por cuál apuesta
usted, mi querido lector?
Me gustaría
conocer su opinión.
Vale la pena.
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