domingo, 28 de junio de 2026

Reforma a diversas leyes en México y cómo sí lograr la seguridad social universal.

José Manuel Gómez Porchini / México debe salir adelante

jmgomezporchini@gmail.com/     http://mexicodebesaliradelante.blogspot.com

 

La senadora Amalia Dolores García Medina, quien fuera gobernadora de Zacatecas y participara en la creación del Partido de la Revolución Democrática, del que se desvinculó cuando advirtió que ya no tenían sus mismas ideas, se cruzó al partido Movimiento Ciudadano donde hoy tiene una posición como senadora de la República. Desde ahí, ha lanzado una iniciativa de ley de fecha 22 de abril de 2026 en la que propone cambios a diversas leyes, a saber: Impuesto Sobre la Renta (ISR), Ley del Seguro Social (IMSS), Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Ley de Coordinación Fiscal en Materia de Reforma Fiscal

 

En la exposición de motivos, maneja diversas variables o factores que inciden en la precarización de las condiciones sociales, por lo que sostiene que la progresividad en el gravamen y la redistribución deben enfocarse en la población más rica y en cerrar los mecanismos de elusión y evasión fiscal. Señala que la estructura más utilizada para tales fines son los fideicomisos y, como finalidad, gravar estas estructuras para que paguen impuestos los contratantes: fideicomitentes, fideicomisarios y fiduciarias.

 

También establece que se deben gravar las herencias o legados entre el 10% y el 18% pues gravar las herencias no implica castigar el éxito sino democratizar las oportunidades… lo que ello signifique. Establece razones de países de la OCDE que, en su opinión, aplican en México. ¿Si Suecia grava la riqueza, por qué México no ha de hacerlo? Indica que Francia ha impulsado impuestos más altos para los superricos a fin de contar con fondos para programas sociales.

 

Realiza un análisis de los posibles ingresos y además, propone gravar con IVA algunos bienes de lujo, como aeronaves para servicios privados, automóviles de alta gama, yates y blindaje, agregado al IVA al momento de enajenar. Estima $2,500 millones adicionales.

 

Asimismo, señala que en México la población económicamente activa que se encuentra en la informalidad es del 47%. En su esfuerzo, plantea un esquema de seguridad social universal financiado por el 60% de los impuestos nuevos y el administrador será el IMSS. Propone cubrir cuando menos dos salarios mínimos mensuales y que los patrones de esos trabajadores, cuando tengan trabajo formal, sigan pagando.

 

Afirma: “La relación entre pobreza y salud está ampliamente documentada: la pobreza es el determinante social de la salud más decisivo. Cuando los hogares carecen de acceso a servicios médicos adecuados, las desigualdades se amplifican, perpetuando un deterioro progresivo de la calidad de vida”. Indica también que los países pobres no pueden afrontar solos el costo de transformar sus economías. Y requiere el apoyo internacional.

 

Hasta ahí, la exposición de motivos.

 

Ahora, en el proyecto de ley señala, entre otras cosas, lo siguiente:

 

Establece en el capítulo XIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ISR, en los artículos del 216 al 220, los mecanismos para el “Antiabuso de las estrategias jurídico-fiscales”.

 

Adiciona el Título Séptimo de la Ley del Seguro Social con los artículos del 320 al 327 bajo el rubro “De la Universalización de la Seguridad Social” y establece que tendrán exactamente los mismos derechos que las personas beneficiarias bajo otros capítulos de esta ley. Señala la forma de financiar, así como los porcentajes que deberá cubrir el beneficiario.

 

Es decir, todo su proyecto se centra en lastimar a quienes obtengan una herencia y quienes tengan suficiente dinero para pagar lujos. Y, por supuesto, le carga al más pobre el costo de la seguridad social.

 

Ahora sí, permítame explicarle la propuesta que he venido manejando.

 

La seguridad social se recarga tal y como la inventó Otto Von Bismark, a fines de 1890, en la relación laboral formal y pagan los patrones, los trabajadores y la menor parte, el estado.

 

De ahí tenemos empresas que manejan su propio sistema de salud, como el de Petróleos Mexicanos, que sostiene un aparato completo de servicios de salud que pertenece o debe pertenecer a los trabajadores y al patrón. El propio IMSS es un esfuerzo que le ha costado a los trabajadores inscritos, a los patrones y al gobierno. Es decir, son instituciones que tienen definido sus beneficiarios y, de hecho, cada vez cuentan con menos recursos para afrontar la necesidad de insumos. Por su parte los trabajadores de gobierno cuentan con el ISSSTE, que pagan ellos y el patrón, que es el gobierno federal. No es justo que ellos paguen para sostener a gente que en nada coopera para el sostenimiento de los sistemas de salud.

 

Existe, además, la Secretaría de Salud Federal que cuenta con hospitales y clínicas a lo largo y ancho del país, pero sin la capacidad operativa de brindar servicios hospitalarios.

 

Pretender cargar en los servicios que pagan unos cuantos, trabajadores y patrones, al 47% de la población económicamente activa del país, se aparta de una sana gobernanza. Ni es sano ni se consigue el fin pretendido y sí, en cambio, hace que baje la calidad de los servicios prestados por las instituciones de salud que tienen derechohabientes definidos, como los del IMSS, ISSSTE, Pemex y otros.

 

Por consiguiente, hay que ser creativos y buscar una manera distinta de soportar la seguridad social de toda la población. En 2004 propuse la forma: otorgar a cada mexicano una tarjeta tipo cliente frecuente de Hacienda, ligada al CURP, que permita acumular dinero por cada operación gravada con IVA que realice.

 

Si el titular de la tarjeta ya cuenta con seguridad social del IMSS, ISSSTE, Pemex o alguna otra, lo que vaya recaudando servirá para incrementar su pensión cuando llegue a la edad establecida. Si no cuenta con seguridad social, le será proporcionada por el estado mediante los servicios médicos de la Secretaría de Salud, la que deberá incrementar sus esfuerzos sabiendo que 2 puntos del IVA servirán para esa seguridad social.

 

Cuando compre el gobierno, 2 puntos o más, según determine el congreso, servirán para brindar seguridad social a los que nunca compran. Cuando compre una empresa privada, los dos puntos le servirán solo para pagar impuestos y para crear un fondo para liquidar trabajadores y que nunca vuelva a suceder que un día cierra la empresa y los trabajadores se quedan sin cobrar sus antigüedades.

 

Existe suficiente dinero para otorgar seguridad social para todos y sin sacrificar a nadie. No se requiere incrementar impuestos. Se trata de que la gente pague porque va a saber que le conviene pues tendrán un aliciente que es lograr la seguridad social.

 

Y claro, habrá que hacer una revisión a la baja de los impuestos en general para que México sea competitivo en el plano internacional y que nuestra gente, con independencia de su relación laboral, esté cierta que siempre va a tener respaldo de su gobierno.

 

Está en mi blog, está a sus órdenes.

 

Me gustaría conocer su opinión.

 

Vale la pena

 

José Manuel Gómez Porchini

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