Los impuestos. Esa parte de nuestra riqueza personal que el Estado toma y cada día parece querer más, esa parte de nuestro esfuerzo que se pierde en algo intangible y que no nos aporta nada, según la percepción generalizada de la gente. Los impuestos que tenemos que pagar, siempre.
Sin embargo, no hay impresión más falsa que creer que los impuestos son un simple robo del gobierno. Nada más errado. Que haya funcionarios que se roben parte de los impuestos, tal vez sea cierto. Pero que el Estado busque sólo quitar su dinero a los particulares, es un yerro y debe aclararse.
Cuando el hombre decide vivir en sociedad, vivir junto con sus semejantes, ceder parte de sus derechos y libertades a favor de un ente ajeno, algo distinto a él y a quien le permite asuma algunas funciones, el hombre adquiere obligaciones con ese Estado.
La simple administración de las funciones del Estado, requiere gastos y esos, debe pagarlos el contribuyente. Luego, esas funciones algunas veces son de carácter sustantivo e implican crear obras que si bien generan empleos y movilidad social, también es cierto que tienen un costo altísimo que sólo con los grandes fondos del gobierno, provenientes de impuestos, puede cubrirse. Ningún particular podría hacerlo. A veces, esos costos se recuperan, en ocasiones de más y en otras, no totalmente, pero sí existe la forma de recaudar algo a favor del Estado.
Pero existe otro tipo de gastos que si bien los realiza el Estado, no existe posibilidad de generar ingresos por dichos costos. En especial, todo lo que implica seguridad social, asistencia social y lo relativo a educación y salud. Todo lo que tiene que ver con una vida digna de las personas, de los ciudadanos, de la sociedad.
Ese costo debe lograrse de alguna manera. Por ejemplo, algunas dependencias tienen autorizado cobrar derechos por los servicios que prestan, como las actas de Registro Civil o los certificados de inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Tal vez no compensen totalmente los costos, pero sí generan un ingreso al Estado.
Sin embargo, ni los costos de mantenimiento, salarios y demás de las escuelas, puede recuperarse. Tampoco los servicios médicos proporcionados a los derechohabientes de los diversos y múltiples sistemas de seguridad social que coexisten en el país. Menos aún, el importe de las pensiones que van cobrando nuestros adultos mayores.
Pero todo lo que implica gasto social, costo de proporcionar satisfactores y elementos a la sociedad para alcanzar una vida digna, si bien no produce dinero al Estado, le genera a cambio, la paz y tranquilidad social que permite a la población desempeñar sus funciones sin tener conflictos sociales.
Esa paz social tiene un costo y cualquiera que este sea, por alto que sea, en infinitamente inferior al costo de una revolución, al costo de generar descontento al extremo de que la sociedad se levante en armas. Siempre será mejor gastar en alimentos que en armamentos.
Ahora bien, ya aclarada la importancia de los impuestos, vamos a referirnos al costo de lo que el ciudadano debe pagar para obtener los beneficios ya descritos. No pueden ser de tal magnitud los impuestos a exigir al contribuyente que éste se sienta impulsado a salir de la formalidad y pasarse al ámbito de los que evaden el pago de sus obligaciones fiscales a fin de poder llevar un plato de sopa a sus casas. Eso, nunca. Deben ser proporcionales y equitativos, como marca la fracción IV del Artículo 31 Constitucional.
¿Cómo vamos a lograr que sean proporcionales y equitativos como lo refiere el precepto constitucional invocado? Fácil, muy fácil.
En el mundo la tendencia es basar la recaudación de impuestos en base a los impuestos indirectos, es decir, a los que gravan el consumo, no la producción. Aquí, en México, de igual modo la tendencia es buscar el pago de impuestos indirectos, como el que mayor cantidad recauda en nuestro país: El IVA.
Los impuestos directos o que gravan a la producción, como el Impuesto Sobre la Renta, van cayendo en desuso, precisamente por que buscan afectar al que es productivo, al que con su trabajo genera ingresos para todos, porque su costo de recaudación es muy alto y debe ser de tal manera equitativo, que no sea más fácil ser elusor que cumplido, cuando lo cierto será dejar a los productores que hagan su parte y el Estado, sólo permitirles ser.
Luego entonces, debemos optar por encontrar la fórmula que nos permita ser un país de avanzada, un país moderno y por qué no, ejemplo para los demás.
Pretender que el monto de los impuestos vaya más allá de lo que el contribuyente está dispuesto a cubrir, torna ineficaz todo el sistema recaudatorio y sólo va a producir delincuentes, va a causar irritación social y por supuesto, tendrá grandes fugas que se verán reflejadas en la baja captación y por ende, en que el Estado no estará en posibilidad de cumplir los objetivos que la misma sociedad le impone.
Se debe conservar un impuesto sobre la renta no mayor al veinte por ciento pero sólo a quienes obtengan utilidades, no ingresos, superiores a UN MILLÓN DE PESOS ANUALES. Con eso, deja de causarse molestia a la inmensa mayoría de los mexicanos y sólo quedarían obligados los grandes grupos empresariales, los que tienen fondos y capacidad técnica para pagar contadores y fiscalistas. Con eso, habría más que suficiente y los profesionistas independientes, los que aportan su trabajo personal no subordinado, que son la inmensa mayoría, quedarían exentos de ese gravamen.
En cambio, debe conservarse un impuesto al consumo de no más de quince o dieciséis puntos, como lo es el IVA actual, que debe ser suficiente para cubrir la inmensa mayoría de los gastos del gobierno, si logramos que todos estén interesados en cubrirlo.
Tendría transparencia el uso de los recursos del país, generaría ahorro interno por más de doscientos mil millones de pesos al año y México garantizaría la alimentación, servicio médico y satisfactores básicos de toda su población.
Para lograr interesar a todos a que cubran ese IVA, se propone crear un sistema que permita que de cada operación afecta a IVA, el equivalente a tres puntos se destine a favor de cada comprador para garantizar esa seguridad social. Cuando compra un particular, serían para él, cuando compre una persona moral de derecho privado, una empresa particular, le servirían para cubrir sus demás impuestos, preferentemente los de seguridad social y además, para ir creando un fondo de previsión social para el caso de cierre o disolución de la empresa. Cuando compre el gobierno, los puntos serían para un fondo común que servirá para la operación del propio sistema y además, para garantizar la seguridad social de los que nunca compran, de los más desprotegidos de la sociedad y de los que a la entrada en vigor del sistema, ya tendrían derecho, por la edad, a disfrutar de lo propuesto.
Por ende, el valor de los impuestos ha de ser de tal suerte que la gente los vea como un auxiliar para su gobierno, para su propia vida y sobre todo, el garante de su futura seguridad social.
Ya sabiendo que los impuestos son creación de la propia gente por conducto de sus representantes, que sirven para el buen funcionamiento de los órganos de gobierno y que deben ser en montos tales que no resulten confiscatorios, abusivos, pesados o que ofendan a la misma sociedad, sólo nos resta aclarar que los impuestos son útiles, en cuanto sirvan a los fines para los que fueron creados.
Para ello, nada como ofrecerle incentivos a la población para que cubran sus impuestos. Ofrézcales seguridad social a todos, adicional a la de los que sostengan una relación laboral formal y siempre, en todos los casos, con independencia de que hayan o no laborado.
Por el simple hecho, maravilloso por cierto, de ser mexicanos.
Me gustaría conocer su opinión.
Vale la pena.
José Manuel Gómez Porchini.
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