domingo, 3 de agosto de 2014

De los fondos de pensiones



José Manuel Gómez Porchini / México debe salir adelante      
 
En México, no sé si por fortuna o por desgracia, coexisten muchos sistemas de pensiones y algunas veces, ni los encargados de manejarlos están enterados de su existencia. Lo digo con conocimiento de causa, pues hace algunos ayeres, por escrito me contestó el Director de Políticas Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en México, el ente encargado de proporcionar seguridad social es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí terminó nuestro encuentro epistolar, pues… ¿Qué puede esperarse de quien maneja las finanzas del país, si desconoce la existencia de los demás sistemas de pensiones?

Ahora sí, a usted mi querido lector, que sé está preocupado y además, se ocupa de los problemas de México, le comento que en nuestro México, en adición a las pensiones que maneja el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya por sí o por conducto de Afores, existen un gran número de sistemas de pensiones que han presentado sus propios problemas.

Por supuesto, ninguno de los demás sistemas de pensiones tiene el tamaño y la magnitud del IMSS, pues por mucho, éste es el líder del ramo en el país.

Sin embargo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, representa la seguridad social de los empleados del gobierno federal y por su tamaño, es el segundo en el país. Deben tomarse en consideración también, los sistemas de seguridad social de cada uno de los estados de la república, así como los de las más de 35 universidades públicas que por sí y ante sí proporcionan la seguridad social.

Hasta ahí, hemos contado ya 32 sistemas estatales más 35 sistemas de universidades públicas. Son 67 sistemas distintos, todos de carácter público y todos con distintos requisitos.

Cabe señalar que la inmensa mayoría de las universidades públicas han dejado de contratar nuevos empleados de planta por el temor de que vayan generando derechos, entre ellos, el de antigüedad que les resulte suficiente para alcanzar una pensión. En lugar de otorgarles contratos como trabajadores, las universidades, esos centros donde se cultiva la inteligencia y el pensamiento para generar conocimiento, han venido contratando a sus nuevos trabajadores por honorarios, bajo el humillante e ilegal sistema de outsourcing o simplemente, mediante pagos en efectivo sin contrato alguno, para así “no dejar evidencias”. Que conste, así lo he visto y me da pena ajena.

Pero también están los sistemas de pensiones de los ayuntamientos, cuando menos, de los más grandes e importantes del país que, en su arrogancia, han considerado que son suficientes para otorgar sus propios sistemas de seguridad social.

Faltan de incluirse también, los sistemas de pensiones que los organismos públicos descentralizados tienen pactados en sus contratos colectivos de trabajo: Los propios empleados del Seguro Social, los de Comisión Federal de Electricidad, los de Petróleos Mexicanos y algunos más.

La suma de todos los sistemas descritos nos lleva a un total de más de cien sistemas distintos, todos con base en contratos colectivos o en reglamentos de trabajo, pues debemos recordar que las pensiones no aparecen en ley alguna.

En la constitución está lo relativo a las pensiones del ISSSTE, pero no de ninguno de los demás sistemas.

En la Ley Federal del Trabajo, tampoco se hace referencia a pensiones.

Podemos encontrarlas en la Ley del Seguro Social y en los diversos estatutos de los estados, así como en contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo.

Ahora debo llevar su atención a un hecho cierto: en todos los casos, el principal requisito es que exista una relación laboral formal entre el empleado y una empresa u organismo, que lo da de alta ante uno de los múltiples sistemas de seguridad social que coexisten en el país, por cierto, tratándose como extraños. Lo único que existe como constante, es que todos son como deben ser los sistemas de pensiones: soportados por impuestos.

En efecto, la seguridad social es una función que compete al estado, nunca a particulares y por lo tanto, la fuente de ingreso de los sistemas de pensiones ha de ser impuestos. Por eso, solamente el estado puede instituirlos y solo el estado puede garantizarlos.

Ahora que el Congreso de la Unión ha terminado de revisar las leyes secundarias en materia de hidrocarburos, han determinado que los excedentes sean destinados a soportar la carga de las pensiones de los estados así como han determinado que la totalidad de las pensiones actuales de Pemex y CFE se cubran con impuestos. No podía ser de otra manera, tomando en consideración lo expresado líneas antes.

Los partidos de izquierda ahora se rasgan las vestiduras acusando al gobierno de pagar con impuestos las pensiones de Pemex y CFE. Los de derecha han pegado el grito en el cielo por esa impía acción. Los dos están equivocados. Reitero, es lo correcto.

El problema de las pensiones en México es que solo 14 o tal vez 15 millones de mexicanos aportan a los sistemas de pensiones, además de los patrones y el gobierno y disfrutan de ellas, más de 60 millones. Qué bueno, por los que ya lo hacen. Malo por los que faltan. Peor y dramático para el gobierno, pues con el ingreso de 15 millones ha de pagar el gasto de sesenta millones. Por el lado que le busque, no alcanza. Y sí, que el gobierno soporte las pensiones y los gastos por servicios médicos vía impuestos, es lo sano y es lo correcto.

Lo que aún falta es la otra mitad de mexicanos. Somos 117 o 118 millones de mexicanos y solo tienen acceso, bueno, regular o malo, a sistemas de seguridad social, aproximadamente sesenta millones de mexicanos, según la cuenta que hace unos momentos hiciéramos. Pero nos falta la mitad de los mexicanos y entre ellos, los más lastimados, los que carecen de todo, hasta de papeles de identidad para poder pedir apoyos. Ellos no existen ni para el gobierno ni para la iniciativa privada. Simplemente, no existen.

Lo que se propone es que a cada mexicano nos sea otorgada una tarjeta tipo “cliente frecuente” de manera que cada vez que compre usted algo, lo que sea, que tenga IVA, el equivalente al 3 por ciento de la operación se vaya a una cuenta de ahorros de cada uno de los mexicanos, del titular de la tarjeta para que desde ahí, se soporte el pago de pensiones y además, se garantice la seguridad social de la totalidad de los mexicanos.

Alcanzaría el dinero para pagar todas las pensiones, para el servicio médico de todos los mexicanos y además, se prevendría la evasión y la elusión fiscal. Existiría una mucha mayor recaudación por concepto de IVA y el gobierno tendría 117 o 118 millones de inspectores fiscales.

Ya está planteado, ya está estructurado. Falta una voz que lo haga saber y esa voz, podría ser la suya. Por favor, ayúdeme a difundir la propuesta. Es por México. Vale la pena.

Me gustaría conocer su opinión.